En el cierre del periodo legislativo, al que sólo le restan cinco días, el presidente Enrique Peña Nieto remitió al Senado la propuesta para nombrar a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que tendrán a su cargo la sanciones para los servidores públicos que cometan delitos graves en materia de corrupción.

El senador Miguel Barbosa, del bloque PT-Morena y los panistas Marcela Torres y Ernesto Ruffo, lamentaron que la propuesta del Ejecutivo llegue cuando sólo restan tres sesiones y no será ya posible analizar con detenimiento los candidatos que deben jugar un papel relevante para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y además de capacidad, deben estar desligados de los partido políticos.

Sin embargo, buena parte de los candidatos propuestos están ligados a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

En el oficio que Peña Nieto remitió al Senado se advierte que la reforma constitucional de mayo de 2015 otorgó nueva facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de combate a la corrupción, que contará con una tercera sección de la Sala Superior de ese tribunal, conformada por tres magistrados y cinco salas especializadas, conformadas cada una por tres magistrados.

Por lo que toca a los tres de la Sala Superior, Peña Nieto propuso como magistrados a Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler. Los tres son actualmente magistrados de salas regionales de ese Tribunal Federal Administrativo.

Los dos primeros ocuparon cargos en el gobierno de Felipe Calderón y Zaragoza Sigler fue propuesta por el ex presidente para el cargo de magistrada de la sala regional de la tercera sala metropolitana, de Ciudad de México, que actualmente desempeña.

El magistrado Castro Estrada fue subsecretario del Trabajo –cargo del que fue retirado por haber hecho un reclamo al entonces senador panista Ricardo García Cervantes, quien exigió justicia para los mineros de Pasta de Conchos– y director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en el sexenio Calderonista.

Peña Nieto lo mantuvo como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tres años y lo propuso como magistrado regional.