ado que la élite priísta y panista escaló el asunto de la diputada Eva Cadena, de Las Choapas, Veracruz, hasta el punto más alto de la estructura del partido Morena, el presunto corresponsable, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tomado el regalo político (una foxeada en versión peñista: el intento de Desafuero 2) y, a su vez, lo ha escalado al aceptar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) lo cite a declarar pero, a la vez, solicitando que sean llamados a careos Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Yunes Linares.

No es conocido ni un solo indicio en firme (ya no se diga pruebas) de que haya vinculación de los cuatro personajes antes mencionados con la preparación y procesamiento del episodio videograbado de la diputada Cadena recibiendo lo que se dijo era medio millón de pesos. En realidad, lo único que hay es un señalamiento al aire, realizado por AMLO, considerando que Osorio y Yunes habrían participado en la confección de lo que se considera una trampa o montaje.

Pero (tal cual se escribió aquí en la entrega de ayer) en lugar de dejar sembrada una duda relativamente razonable sobre el veracruzano segundo bejaranazo, quienes urdieron el golpe político contra el tabasqueño prefirieron pasar a una dramatización tan cínica como politizada, de presuntas histerias moralizadoras y legaloides, y a ensayar una línea judicial y política que podría rebasarlos y meterlos en un callejón sin salida, creyendo posible llegar a sanciones contra el presidente de Morena y contra este partido (leer El capo López Obrador).

Como podría presuponer cualquiera que conociera el talante político de AMLO, y la historia política reciente, el tabasqueño no podría dejar pasar una oportunidad de ese tamaño; es decir, una pretensión tan desproporcionada, carente de sustento jurídico y abiertamente dirigida contra el precandidato con más posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República.

Obviamente, López Obrador tiene desde ahora a su favor la posibilidad de insistir en la denuncia del cúmulo de actos corruptos y criminales cometidos por la clase política que pretende enjuiciarlo por hechos infinitamente menores, aunque sean también reprobables (Morena ha pedido investigación contra la diputada y la donante), que hasta ahora le son jurídicamente ajenos, y ha elevado el costo político para sus acusadores al demandar citatorios también para lo que llama la maleantada, misma que, al estilo histórico de Fidel Castro, podría terminar por fabricarle involuntariamente una absolución política y social, simplemente por contraste. Es muy probable que la Fepade se niegue a conceder a AMLO el citar a los cuatro personajes solicitados, pero el litigio real y sus consecuencias ya están situados lejos de lo netamente jurídico e instalados en el plano meramente político electoral.

Como sucede cuando los formatos de debate son diseñados para proteger a los comparecientes en sus deficiencias, y no para ofrecer al público elector una visión interesante y bien contrastada de lo que argumentan y prometen, el encuentro de candidatos a la gubernatura del estado de México fue soso y relativamente improductivo.

El priísta Alfredo del Mazo confirmó la percepción de que es un político almidonado, equívoco en varias ocasiones e involuntariamente cómico al prometer que meterá a la cárcel a los corruptos de esa entidad. La profesora Delfina Gómez (candidata de Morena) se mostró plana, sujeta a un guion poco ambicioso, sin arriesgarse a ir más allá de lo escolarmente seguro, elusiva en general ante las acusaciones de que descontó 10 por ciento de los sueldos de trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta municipal para darlos al grupo político que jefatura Higinio Martínez. La panista Josefina Vázquez Mota ni siquiera tuvo que defenderse del caso de los más de mil millones de pesos que recibió de manera triangulada del gobierno de Peña Nieto, pues el tema no fue planteado, y sí restregó a Delfina el asunto de los descuentos a trabajadores municipales.

En un segundo pelotón, alejado de Del Mazo, Gómez y Vázquez en términos de expectativas electorales, pueden agruparse los otros tres participantes. El perredista Juan Zepeda y el petista Óscar González, asidos a los presuntos buenos resultados de sus gestiones como presidentes municipales (recurrencia a la parcela propia, que también practicaron Del Mazo y Delfina Gómez, quienes también ejercieron ese tipo de responsabilidades). Además, con señalamientos y vehemencia en busca de convencimiento, la independiente Teresa Castell, a quien sus adversarios adjudican una cercanía con el priísmo que devendría en simulación opositora. Ausente, Isidro Pastor, el priísta recientemente reciclado como independiente, quien no pudo participar porque el instituto electoral mexiquense revisaba la autenticidad de las firmas que juntó para registrarse, aunque ese impedimento está por desaparecer.

Tan desabrido fue el falso debate que podría resultar intrascendente, en términos de redefinición de preferencias electorales, quedando sólo en un ejercicio burocrático relativamente improductivo. Ah, habrá un segundo debate, anticipadamente candidato a la calificación Zzzz. Las autoridades electorales deberían dejarse de complacencias con los candidatos y sus partidos y organizar, en el futuro y en todos los niveles, debates verdaderos, interesantes, sustanciosos.

Y, mientras una publicación periodística, aún sin confirmación oficial plena (aunque un alto funcionario de la administración de Donald Trump, no identificado, la habría avalado), en el sentido de que Estados Unidos estaría por dejar el TLC mediante una orden ejecutiva, ha puesto a temblar la endeble estructura económica (el dólar, a 19.55 pesos) y política que el peñismo creía a salvo gracias a una entreguista tregua conseguida por el vicepresidente en funciones, Luis Videgaray Caso, ¡hasta mañana!

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