Legisladores que dictaminaron la ley general en materia de desaparición forzada de personas, aprobada en el Senado, lamentaron que esa norma se haya frenado en la Cámara de Diputados e hicieron un lamado urgente a que se convoque a la brevedad a un periodo extraordinario y salga adelante ese marco jurídico que exigen los familiares de las miles de víctimas de ese delito.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Pilar Ortega, comentó que es lamentable que los diputados decidieran no avalar la minuta que dota al Estado mexicano de los instrumentos para hacer frente al grave problema de desaparición forzada de personas en todo el territorio nacional.

La senadora panista recalcó que la ley aprobada el pasado jueves en el Senado fue creada luego de dos años de negociaciones intensas con los colectivos de víctimas, organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Sin duda, la ley tiene elementos que perfeccionar, pero es fundamental que se concretara en San Lázaro, para que pudiera entrar en vigor, como lo han pedido desde hace años los familiares de los miles de desaparecidos.

Insitió en que la ley aprobada en el Senado es un cuerpo normativo robusto, con disposiciones que fortalecerán la prevención, el combate y la erradicación de un flagelo que lastima a nuestro país.

El senador Luis Humberto Fernández, de PT-Morena, consideró muy desafortunado que se prive al país de la única herramienta que se ha dado al Estado mexicano para enfrentar la dolorosa situación de las desapariciones.

Integrante de las comisiones dictaminadoras, se pronunció también por que se cite a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que la Cámara de Diputados apruebe esa ley.

El jueves por la noche, cuando presentó el dictamen ante el pleno del Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, pidió a la Cámara de Diputados que tomara en cuenta la preocupación de los familiares de las víctimas, que nos piden que este decreto sea aprobado en este periodo de sesiones.

La senadora perredista reconoció que no fue un proceso fácil, porque el tema de desaparecidos es muy complejo, pero el trabajo realizado fue enorme y tuvo la particularidad de incluir en las negociaciones a los familiares de desaparecidos.

Expuso que las demandas y exigencias de éstos no fueron incluidas a 100 por ciento en la ley, pero si la mayor parte. Los senadores, dijo, conocieron las historias de miles de familias que están buscando a sus hijos, hermanos o padres y que han vivido un viacrucis por la omisión y a veces hasta responsabilidad de funcionarios en la desaparición de sus seres queridos, y que esperan una respuesta,

La senadora Pilar Ortega dijo que impulsarán que haya un periodo extraordinario en mayo para aprobar la ley, ya que es un asunto que no puede esperar más. Recordó que de acuerdo con la reforma constitucional promulgada en julio 2014, la ley general en materia de desaparición forzada debió aprobarse en julio de 2016 en ambas cámaras.

Las familias de desaparecidos no pueden esperar más, insistió, y confió en que pudiera abrirse una discusión en conferencia –es decir, diputados y senadores– en la que participen también los colectivos de víctimas.