La mayoría de las 10 mil viviendas recuperadas por el Infonavit en Chihuahua se encontraban desocupadas, abandonadas, vandalizadas o invadidas; incluso algunas tenían cinco años con impagos y se habían ofrecido esquemas de cobranza social para que los derechohabientes se pusieran al corriente, informó el organismo.

Al emitir un postura respecto del caso que dieron a conocer El Barzón y la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción AC, respecto de que miles de familias de Chihuahua habían sido desalojadas de sus casas por caer en moratoria, el instituto sostuvo que antes de tomar la decisión de recuperar estas viviendas, se agotaron diversos esquemas de cobranza social.

El instituto que preside David Penchyna Grub planteó que hay apertura para atender peticiones, dudas y demandas de cada acreditado y se mantendrá el diálogo con dichas organizaciones a fin de encontrar soluciones a ese problema.

Expuso que incluso la Fiscalía Ciudadana reconoce que había casos en que las casas estaban abandonadas e invadidas o no habían pagado durante años los créditos que se otorgaron, y el instituto tiene la obligación legal de recuperar la vivienda que no se paga.

La vía judicial es la última alternativa para recuperar la garantía y dar viabilidad financiera al organismo. Una vez agotadas las alternativas de cobranza social, se cumplió el mandato que tiene el Infonavit de cuidar el patrimonio de los derechohabientes, y lo que procede es recuperar las garantías, es decir, las viviendas, comentó.

Procedimientos masivos

Para lo anterior, también detalló Penchyna, se cuenta con la estrategia de procedimientos masivos, la cual surgió como un proceso para recuperar inmuebles de acreditados que no pudieron ser localizados para ofrecerles esquemas de cobranza social. Ese proceso sólo se utiliza en inmuebles que han sido dictaminados como vivienda desocupada, abandonada, vandalizada e invadida, recalcó.

Aseguró que el instituto solamente acata y da cumplimiento a las sentencias pronunciadas por los tribunales de las entidades federativas y asimismo ejecuta los actos administrativos posteriores para que las viviendas pasen a formar parte del patrimonio del organismo y así proteger los intereses de los derechohabientes.

Antes de todos estos procesos, los esquemas de pago que se ofrecieron fueron, entre otros, el de prórroga total, que consiste en otorgar un plazo máximo de 24 meses a los trabajadores que pierden su empleo; prórroga parcial, en el que los acreditados pueden realizar pagos mensuales mínimos; fondo de protección de pagos, cuando los deudores quedan desempleados, se cubre hasta 6 mensualidades del crédito.

Borrón y cuenta nueva

También está el de borrón y cuenta nueva, que es una alternativa de regularización de pagos para los que no tienen relación de empleo formal; solución a tu medida, para restructurar los créditos cuando hay una incapacidad económica para pagarlos; dictamen de capacidad de pago para disminuir la mensualidad de los créditos; pensiones y jubilados, para ofrecer un nuevo factor de pago acorde con el monto de la pensión.

Otros esquemas de cobranza social son el seguro de daños a la vivienda y desastres naturales; restructura para trabajadores en huelga, para los que se encuentran en una empresa que está en paro de labores; apoyo temporal para paros técnicos.

Los acreditados también pueden echar mano de los seguros de vivienda por incapacidad total permanente; incapacidad parcial permanente y defunción. Todo ello con la intención de agotar las gestiones para que los acreditados no pierdan su patrimonio, según enlistó el organismo.