Habitantes del polígono Roma-Condesa formaron un frente de lucha contra la violación a normas ambientales y de desarrollo urbano, y la depreciación de suelo por el llamado cártel inmobiliario, que ha destruido edificios catalogados y/o edificado más niveles de los permitidos en por lo menos 15 casos.

Depositar en un director responsable de obra la vigilancia de una construcción, dejar a la buena fe la entrega de una manifestación de obra y la corrupción han provocado que los desarrolladores actúen con total impunidad y sin riesgo de recibir ninguna penalización, dijeron.

Por ello solicitaron la intervención de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que emitirá una resolución sobre la demolición de tres niveles de un inmueble que se erige en Mérida 169, colonia Roma, donde sólo están permitidos cuatro.

Además se denunciará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la destrucción de su fachada, que estaba catalogada, al incurrir en daño patrimonial, aunque sabemos que a la fecha nadie se ha apersonado como dueño y podría tratarse de un caso de lavado de dinero, dijeron.

En conferencia de prensa, Rafael Guarneros, del comité fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, y Mario Rodríguez, coordinador del comité ciudadano Roma Norte III, informaron que exigirán a las autoridades delegacionales la demolición de los niveles excedentes en obras.

Tan sólo en Miguel Hidalgo se tienen ocho casos y en Cuauhtémoc ninguno, cuando están los casos de Mérida 169, Baja California 370 y Zacatecas 136, así como el desmantelamiento del helipuerto en Nuevo León 238, que carece de permiso o manifestación de obra, y en Zacatecas 194 se utilizó el artículo 62 para una obra menor, cuando es un cambio mayor.

La colocación de sellos de clausura, denunciaron, no impide que los trabajadores continúen con la obra, por lo que demandaremos que quienes los violen de manera constante, se les aplique la extinción de dominio, a fin de impedir que las obras irregulares prosigan.

Hoy, las redes de corrupción han sembraron impunidad en el reglamento de construcciones, que es avalada por los colegios de profesionistas, que surgen por intereses partidistas, y las propias autoridades, que han creado mecanismos para burlar la ley mediante sus facultades reglamentarias y de prácticas pararreglamentarias, argumentó Guarneros.

Por otra parte, Marta Hernández exigió la reparación de las cuatro calles de Atlixco, en ruinas por obras de remodelación, ya que no tomaron en cuenta que hay zonas catalogadas y han provocado fugas de agua desde hace más de dos meses, alterando la vida de los vecinos.