Con el pretexto de dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de Guerrero pretende reformar la Ley 701, que faculta a los pueblos indígenas a ejercer su autonomía y libre determinación, lo cual debilitaría de forma peligrosa a las policías comunitarias de ese estado.

Así lo denunciaron Pablo Guzmán y Felícitas Martínez, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes advirtieron que si prospera dicha iniciativa, los guardias comunitarios quedarían fuera de todo marco legal, y por tanto serían perseguidos y encarcelados con más fuerza que hoy.

En charla con La Jornada, recordaron que la CRAC surgió en 1995 para hacerse cargo de la seguridad de diversas comunidades de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, hasta llegar a impartir justicia mediante una red de jueces y asambleas regionales que hoy tienen presencia en 192 pueblos de 22 municipios del estado.

En abril de 2011, el Congreso estatal promulgó la llamada Ley 701 de Derechos y Cultura de las Comunidades Indígenas, mediante la cual se reconoce la facultad de los pueblos originarios de ejercer la autodeterminación, y que le da sustento a esquemas de justicia y seguridad comunitaria como el de la CRAC.

Pese a ello, lamentaron, nunca hubo un proceso de difusión y respeto de esta norma por las autoridades del sistema judicial no indígena, lo cual facilitó la detención de policías comunitarios, como Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y Samuel Gálvez, en procesos legales calificados de irregulares.

Situación más complicada

Este panorama, de por sí adverso para los pueblos indígenas guerrerenses, podría hacerse aún más complicado luego de que el 25 de abril el gobernador Héctor Astudillo envió una iniciativa al Congreso local para armonizar la Ley 701, lo cual en los hechos implica restarle facultades a los grupos que ejercen proyectos de autodeterminación.

El pretexto para ello, según ambos activistas, es darle cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la CNDH, que se refiere a presuntas irregularidades cometidas por la policía comunitaria de Olinalá al detener a supuestos delincuentes.

Para modificar la Ley 701, además, el gobierno de Guerrero ha iniciado una consulta que no cumple con los requisitos básicos de ser previa, informada, de buena fe y con pertinencia cultural.