Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró por mayoría de tres jueces contra dos, que el beneficio del 2 por 1 que permite contar doble los días que se pasan sin sentencia firme a partir del segundo año de detención, es aplicable para la penas por delitos de lesa humanidad, lo que beneficia a los condenados por esos crímenes durante la dictadura militar (1976-1983).

La decisión, que provocó un fuerte impacto en los organismos de derechos humanos locales y del mundo, y en sectores políticos, fue firmada por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti –ambos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri– y se abstuvieron Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y el juez Juan Carlos Maqueda, que consideran que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Esto es abominable. El gobierno intenta borrarnos, advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en su primera reacción, antes de una conferencia de prensa.

También estiman que no es una coincidencia que la cúpula de la Iglesia católica planteara la reconciliación entre las familias de las víctimas del terrorismo de Estado y la de los militares responsables de estos crímenes, condenados por juicios históricos.

Basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto, sostuvo Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadoras, que el pasado 30 de abril cumplieron 40 años de lucha contra la impunidad, la memoria, la verdad y la justicia.

En la conferencia de prensa señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es un retroceso. Es una justicia impura, dijo De Carlotto, y expuso: estos delitos no prescriben hasta saber el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados.

La presidenta de Abuelas denunció que la resolución del máximo tribunal deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad.

Destacó que a los organismos les llama la atención que la juez Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes, dijo. También convocó a todo el pueblo a “defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el ‘nunca más’ en nuestra sociedad”.

Para Charly Pisoni, de la organización HIJOS, este fallo demostró que los organismos defensores de derechos humanos tenían razón cuando objetaron las designaciones de los jueces Rosatti y Rosenkrantz, porque no tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos. Esta decisión hace que nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles, señaló.

Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales dijo que se trata de “una ofensiva llevada adelante con notable hipocresía.

No puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas admitió los crímenes ni pidió perdón ni buscó reparar el daño causado, añadió.

En el otro extremo, Cecilia Pando, defensora de la dictadura que considera a los detenidos por delitos de lesa humanidad, como presos políticos, tuiteó exultante: ¡Excelente fallo de la Corte!

También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, defendió el fallo y dijo que siempre estuvo de acuerdo con que los derechos humanos son para todos y por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley.