La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Ciudad de México indemnizar con 20 millones de pesos a la madre de una menor de tres años de edad que falleció por negligencia médica, al ser contagiada de varicela en un albergue del gobierno capitalino para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y por la mala atención que recibió la menor en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, en 2004.

Esta resolución marca un precedente, porque indica que faltó la valoración del impacto que los hechos tuvieron en la vida de la quejosa desde una perspectiva de género, ya que su decisión de romper con un ciclo de violencia intrafamiliar conlleva un proceso decisorio sumamente complicado, tras lo cual, el albergue de Ciudad de México en donde se refugió, lejos de permitir a la quejosa retomar su proyecto de vida, terminó por generar una serie de condiciones que concluyeron con el fallecimiento de su hija.

Después de que la madre demandó al gobierno capitalino por daño moral –el litigio duró 11 años–, la autoridad se negó a indemnizarla hasta que propuso a la quejosa una indemnización cercana al millón de pesos, tomando en cuenta que era de una condición económica baja.

Sin embargo, la víctima no aceptó y el asunto llegó a la SCJN en 2014, la cual determinó que la pobreza de la víctima no puede ser argumento para limitar la indemnización.

En ese entonces, la primera sala impuso un monto de 15 millones de pesos como reparación del daño, sin embargo, el gobierno capitalino se negó a pagar, con el argumento de que era demasiado dinero para alguien que vendía helados y ganaba menos de mil 800 pesos mensuales.

La primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia de CDMX validó la postura de la autoridad y se negó a cumplir la ejecutoria, por lo que los ministros atrajeron de nueva cuenta el litigio.

El proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, desechó los argumentos del gobierno de CDMX en el sentido de que el pago de la indemnización referida implicaba una afectación a la sociedad.

Resultan inadmisibles los alegatos genéricos sobre supuestas afectaciones a la sociedad, máxime cuando corresponde a la autoridad explicar por qué los recursos se obtendrían de partidas presupuestales directamente vinculadas con los servicios a la ciudadanía y no de otras en las que no se genere dicho impacto.

La sala determinó que, atendiendo la capacidad económica del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, y al impacto diferenciado que los hechos tuvieron en la quejosa como víctima de violencia intrafamiliar, incrementó la indemnización por daño moral a 20 millones de pesos.