Hay la convicción de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitirá la queja del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana sobre el caso Cananea, porque el gobierno federal está falseando información, sigue cometiendo atropellos contra los trabajadores, sirve a los intereses de Grupo México y no ha procurado justicia para los mineros.

El secretario del interior, exterior y actas de este sindicato, Sergio Beltrán Reyes, en conferencia conjunta con abogados de la organización, informó lo anterior y sostuvo que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intentan convencer a los mineros de Cananea de aceptar su liquidación, pues incluso les ofrecen 300 mil pesos, cuando les corresponde más de 3 millones a cada uno.

Señaló expresamente al subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, quien ha estado en Cananea y hecho toda una labor en favor de Grupo México para tratar de convencer a los trabajadores que acepten sus liquidaciones, por lo que ha operado por la empresa y no por el interés de los mineros.

El funcionario ha planteado a los trabajadores los montos de liquidaciones que ofrece la empresa, los cuales son irrisorios; les prometen 150 mil pesos de finiquito y 200 mil de utilidades, un total de 300 mil, que es 10 por ciento de lo que realmente les correspondería, dijo Reyes.

Hizo ver que esta campaña la han emprendido la empresa y funcionarios de la STPS, porque les urge que la mayoría de los trabajadores acepten su liquidación, ya que la CIDH está por admitir la queja interpuesta por el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia.

Al respecto, el abogado Abraham Garcilazo, detalló que se han cometido múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores de Cananea: desconocieron su huelga tres veces, fueron presionados y, en confabulación con autoridades laborales, de un plumazo borraron la relación laboral y les quitaron contrato y empleo. El sindicato tuvo que recurrir a todas las instancias legales del país para lograr justicia, pero al no encontrarla, determinó llevar el caso ante la CIDH.

Con base en esta queja, dicha instancia internacional pidió en octubre del año pasado al gobierno mexicanos que respondiera a las acusaciones y señalamientos, que el 28 de marzo de este año envió su contestación a la CIDH, la cual es lamentable, porque en varios puntos falsea información, expusieron Garcilazo y Beltrán Reyes.

Éste último expuso que el gobierno federal, por conducto de la STPS, está perdiendo la oportunidad que abrió la CIDH para que ambas partes se sienten a resolver este asunto. Por el contrario, insiste en defender los intereses de Grupo México.

El secretario del interior y exterior del germio aseguró que el sindicato “no va a dejar de luchar, buscará llevar el caso incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta que los trabajadores recuperen sus empleos y se les otorgue la justicia que el gobierno mexicano les ha negado.