n día después de que se conociera el estremecedor video del asesinato a sangre fría de un presunto huachicolero en Puebla, a manos de alguien por identificar como miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, un juez federal determinó que el médico José Manuel Mireles Valverde podrá desahogar en libertad las acusaciones que desde junio de 2014 lo han mantenido en una virtual condición de preso político, sujeto a una serie de triquiñuelas jurídicas que han revelado un vengativo ánimo superior y una sumisión del aparato judicial a los dictados ejecutivos.

El tamaño de la aberración legal cometida contra el médico Mireles ha estado siempre a la vista. Se le detuvo y procesó por estar en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas (los señalamientos de cometer delitos contra la salud no pudieron avanzar) que había portado y exhibido desde que él y otros michoacanos decidieron participar en un levantamiento contra las bandas criminales dominantes en la región. Ese levantamiento fue aceptado, e incluso impulsado como estrategia oficial, por las autoridades federales, particularmente por Alfredo Castillo Cervantes, el destacado integrante de la facción mexiquense en el poder federal, quien fue comisionado por Enrique Peña Nieto para sustituir la incompetente y cómplice gubernatura a cargo de Fausto Vallejo y establecer nuevas reglas del negocio, que solamente cambió de gerentes locales.

Mireles tuvo y sostuvo armas en la mano desde el 24 de enero de 2013, día en que habitantes de Buenaventura y de Tepalcatepec instalaron en el escenario nacional la figura de las autodefensas michoacanas radicalmente activas. Como él, miles de personas manejaron públicamente armas de grueso calibre, incluso en presencia complaciente de autoridades civiles y militares, en un proceso que mostró a representantes gubernamentales como cómplices, así fuera por omisión, de hechos que, conforme a la legalidad vigente, significaban conductas delictivas. Es decir, mientras le convino, el gobierno federal solapó violaciones a la ley, pero solamente utilizó ésta, a contentillo, cuando decidió cambiar la estrategia y el rejego Mireles se opuso al final de libreto que imponía el comisionado Castillo Cervantes.

El castigo ejemplar decidido desde la altura del poder federal contra Mireles resulta kafkiano si se observa el país entero cargado de individuos con armas de uso reservado para las fuerzas militares, transitando por carreteras federales, caminos vecinales y calles y avenidas urbanas, sin castigo alguno y cometiendo múltiples y constantes hechos delictivos. Pero, para Los Pinos, lo importante ha sido, durante casi tres años, mostrar a los mexicanos lo que sucede cuando alguien se rebela ante decisiones inaceptables.

El próximo martes, el Congreso de Chihuahua someterá a votación la propuesta de la diputada perredista Crystal Tovar Aragón para que en el muro de honor de ese recinto legislativo se inscriba con letras de oro la leyenda Mártires de Madera 1965, para honrar como es debido a Arturo Gámiz García, Pablo Gómez Ramírez, Emilio Gámiz García, Antonio Scobell, Óscar Sandoval Salinas, Miguel Quiñónez Pedroza, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán, quienes, luego de participar en movimientos en defensa de derechos campesinos frente a latifundistas, talabosques y autoridades venales, y sufrir persecución, decidieron tomar las armas como guerrilleros e intentaron el asalto a la guarnición militar instalada en Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 (esa fecha fue tomada para denominar lo que fue la Liga Comunista 23 de Septiembre).

La propuesta señala que, sin calificar este solo acto como acertado o no en sí mismo, resultó ser la chispa que despertó la conciencia de luchar en otros estados y contribuyó fundamentalmente para el avance hacia el reconocimiento de los cambios por la vía pacífica en la transición a la resolución de muchos problemas de tipo agrario, político y laboral en nuestro país. Se añade que colocar en los muros de este Congreso una frase que identifique a los mártires caídos en este enfrentamiento permitirá asomarnos un poco a este otro lado de la historia donde yacen muchos otros héroes anónimos.

Este 10 de mayo, Día de las Madres, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fue asesinada en su domicilio, en San Fernando, Tamaulipas, por un grupo de personas armadas. Miriam Elizabeth no tenía en esta fecha la presencia de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, pues ella fue secuestrada en 2012. Tras dos años de búsqueda por su cuenta, Miriam Elizabeth encontró los restos de su hija en una fosa clandestina y, con ello, suministró información para castigar a los responsables de esa desaparición. Como otros familiares, como en otros lados, se sumó a una organización, el colectivo de ciudadanos en busca de desaparecidos en Tamaulipas. Desprotegida, como casi todos, su voz y su participación fueron acalladas este 10 de mayo.

El pasado martes, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari rindió protesta protocolaria como secretaria general del PRI, durante una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional de ese partido. Ya ocupaba la sobrina de un ex presidente de la República el segundo cargo en importancia del directorio priísta, a título de sustituta, pues el 2 de marzo ocupó brevemente la Secretaría de Organización y, ante la sabida renuncia de la mexiquense Carolina Monroy, pasó a la mencionada secretaría general.

La ex secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores ha sido llevada al PRI por la voluntad de Los Pinos, en una evidente jugada de ascenso escalafonario que la coloca en posición de relevo programado del cada vez más desgastado Enrique Ochoa Reza, cuya cabeza política podría ser ofrecida para apaciguar a quienes quisieran aprovechar la próxima asamblea nacional priísta para desahogar pleitos de cúpulas. Ruiz Massieu (y el poderoso respaldo familiar tras de ella) está disponible, todo encaminado al destape del candidato presidencial de tres colores en unos cuantos meses más. ¡Hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx