El crimen organizado pretende desgastar a las fuerzas armadas con videos de procedencia desconocida, manipulados y editados con una evidente intencionalidad para que el Ejército y la Marina dejen de actuar en las calles, coincidieron diputados federales, quienes cuestionaron la procedencia de las imágenes captadas en Palmarito, Puebla.

Armando Luna Pimentel (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Jorge Ramos (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad, consideraron que el Ejército Mexicano debe continuar en labores de seguridad bajo protocolos que delimiten su participación.

‘‘Sobre todo en el caso de los huachicoleros, porque éstos nutren al crimen organizado de una capacidad económica que les provee de un poder de fuerza corruptor y de fuego bastante peligroso para la seguridad nacional.’’

Luna Pimentel dijo que se debe reconocer una realidad: ‘‘La extracción ilegal de hidrocarburos por parte de la delincuencia organizada. La Sedena está pidiendo una investigación y eso es muy relevante’’.

Los videos, insistió, provienen de una fuente desconocida y es evidente la manipulación que se hace de ellos. Lo importante es conocer los resultados de las investigaciones de los peritos y si se encuentran responsables de algún exceso que se les aplique la ley. El Ejército Mexicano debe seguir actuando en las acciones y operaciones que tiene encomendadas.

En tanto, Ramos señaló que el origen y manejo de los videos es confuso. ‘‘Yo sería muy cauteloso de la validez de ese video, no lo valido ni lo invalido; esperaría a que se diera una opinión oficial de su contenido’’.

Al preguntarle sobre el actuar del Ejército, el representante panista indicó que la legislación requerida ‘‘tiene que ver con aplicar protocolos para delimitar la acción de las fuerzas armadas. La tarea de fondo no es la regulación de la intervención de las fuerzas armadas, el problema es la incompetencia y ausencia de profesionalismo de las policías locales’’.

Consideró que ‘‘se comete una gran injusticia desde la voces de algunos críticos de extrema izquierda que atacan a una institución que lo único que hace es recuperar y dar paz a los mexicanos, y el gran desgaste que está sufriendo esa institución es muy grande. Se merece la solidaridad de los mexicanos, y no complacencia’’.

Agregó que ‘‘no hay que descartar el probable contubernio de funcionarios de Petróleos Mexicanos en estos ilícitos (el robo de combustible). Es impensable que se ordeñen impunemente estos ductos’’, y afirmó que ‘‘no debemos caer en el juego del crimen organizado de desgastar el papel de los militares para dejar de proteger a los mexicanos’’.

Por su parte el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato (PAN), expuso que en aquella ciudad ‘‘tenemos algunos reportes de que se empieza a distribuir gasolina en talleres mecánicos. Hemos decomisado ese combustible. Son miles de litros; se ha puesto a disposición de la autoridad a los responsables. En los pasados dos meses tenemos seis reportes que han sido atendidos en el sur y en el norte de la ciudad’’.

Por su parte, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó al gobierno federal revisar la política de seguridad y sobre todo el papel de las fuerzas armadas tras la presunta participación de militares en la ejecución de un civil en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla.

También demandó que se investiguen los señalamientos sobre vínculos de ladrones de combustible con políticos, incluidos el ex gobernador Rafael Moreno Valle y alcaldes. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, afirmó que ‘‘no podemos permitir que se siga provocando una especie de guerra civil entre comunidades y autoridades’’.