Con cuatro aspirantes al cargo, este mediodía, en sesión extraordinaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) deberá elegirá al nuevo presidente que conducirá al organismo hasta 2020.

Los candidatos que se registraron este jueves son: Francisco Javier Acuña, Rosendoevgueni Monterrey y Óscar Guerra, quienes se unieron a Patricia Kurczyn, quien la víspera había hecho lo propio.

Al final, fueron cuatro de los cinco comisionados posibles quienes disputarán el cargo en un proceso selectivo que en la primera ronda –y eventualmente hasta la tercera– implicará contar con el aval de cinco de los siete comisionados para obtener la nominación. Si transcurridas esas votaciones –que se realizan mediante voto secreto–, pasaran a una cuarta ronda los dos aspirantes que mayor respaldo hayan tenido quienes, en una votación por mayoría simple, podrán ser electos a presidir el periodo 2017-2020.

Desde este jueves, los cuatro aspirantes hicieron públicos sus programas de trabajo con los que esperan convencer a sus colegas para que les otorguen su voto. En su caso, quien aspire a presidir el organismo deberá enfrentar las distorsiones administrativas que se han registrado en estos tres años y que ha llevado, entre otros aspectos, a la suspensión de los esquemas de contratación de personal dentro del servicio profesional de carrera, que abrió la puerta a las contrataciones discrecionales y la salida de una importante cantidad de funcionarios.

Planes de trabajo

En su programa de trabajo, Monterrey propone que el Inai tenga una presencia más sólida en el Sistema Nacional Anticorrupción. En cuanto a la estructura interna plantea mejorar el diálogo entre los comisionados, en implícita critica a la situación actual; una organización institucional más eficiente mediante la revisión de la importancia que tengan las direcciones generales de enlace; ofreció revisar las condiciones laborales del personal, y pugnar por una mayor incidencia en las unidades de transparencia para cumplir a cabalidad las disposiciones legales.

Monterrey carga con los cuestionamientos del origen de su designación como comisionado, pues fue el único que no pasó por la evaluación del grupo de expertos que acompañaron el proceso de selección del Senado en 2014. Ex funcionario del gobierno del estado de México, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, se le imputa contar con el respaldo presidencial para llegar al Inai y, ahora, a la presidencia del organismo siendo el único comisionado cuya designación generó rechazo entre las organizaciones sociales.

El plan de trabajo de Acuña plantea alentar una incidencia prudente” del Inai en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, al mismo tiempo que fortalecer la relación del instituto con las organizaciones de la sociedad civil. Revisar alcances de las políticas de gobierno abierto que admita una mayor intervención del organismo y, por otro lado, enfatiza en la protección de datos personales como fórmula para incidir en la garantía de los derechos humanos.

En la propuesta de Guerra se considera que el Inai debe incidir más decididamente en el SNA en la promoción de políticas de prevención y disuasión de conductas irregulares. Plantea fortalecer el esquema de rendición de cuentas del Inai, mediante el desglose trimestral del gasto; reducir los gastos en nóminas y asignación de viáticos, y dar mayor transparencia a procesos de adquisición

Entre los factores en contra que enfrenta Guerra para alcanzar la presidencia destacan dos centrales: las deficiencias que ha tenido la Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo diseño y construcción estuvo bajo su coordinación y que enfrentó serios problemas, algunos de los cuales aún se arrastran.

Además, en 2016, se detectó que el comisionado cargó a la tarjeta empresarial que les proporciona el Inai para gastos de representación, casi un centenar de gastos personales, lo cual fue obligado a devolver, aunque en la resolución elaborada por Kurczyn se reservó el monto total involucrado.

A su vez, Kurczyn también considera necesario que el Inai asuma un papel más relevante en el seno del SNA, a fin de que las autoridades investiguen y sanciones actos de corrupción. En el plano interno, plantea impulsar la transparencia proactiva en los sujetos obligados para que evalúen la ejecución de sus programas; ampliar la presencia del Inai en los estados mediante la creación de oficinas regionales; perfeccionar procedimientos internos para reducir los tiempos de resolución de los asuntos sometidos al pleno.