dio y rencor, acompañado de violencia, es lo que destilan las derechas española y venezolana. En una dupla que no tiene parangón, el gobierno del Partido Popular, acompañado por Ciudadanos, la cara amable de la nueva derecha española, junto con sectores del PSOE, se ha dado a la tarea de promover en territorio español las guarimbas, emergiendo una acción coordinada internacionalmente destinada a justificar una guerra civil, invasión o golpe de Estado en Venezuela. Estamos en presencia de una nueva escalada en las estrategias desestabilizadoras. La violencia se exporta a las calles de Madrid, Barcelona o Bilbao. Cortan el tráfico, agitan pancartas, persiguen a los diplomáticos, boicotean actos públicos, amenazan de muerte y promueven la violencia propia de un nazismo corriente.
En Madrid, delegaciones de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular tuvieron una reunión con Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos, a la cual se sumaron miembros del Partido Popular y dirigentes del PSOE. El objetivo era coordinar la estrategia a seguir en España para desarticular la red de apoyo al gobierno de Venezuela. La reunión contó con el aval de Corina Machado, Lilian Tintori y la cúpula de la MUD. Por parte de España, Felipe González y José María Aznar estaban al tanto. La escenificación fue un acto público, en el que se fotografiaron juntos Albert Rivera y los dirigentes venezolanos Isidora Zubillaga, Lester Toledo y Gabriel San Miguel, así como el padre de Leopoldo López. Dicho acto fue el pistoletazo de salida para la acción concertada de acoso al cuerpo diplomático venezolano y el boicot de actos realizados por organismos de derechos humanos, asociaciones, sindicatos, universidades y ONG destinadas a desenmascarar el origen de la violencia continuada y la estrategia de golpe de Estado desarrollado por la derecha venezolana.
Por su parte, el gobierno del Partido Popular se comprometía a garantizar la impunidad de los grupos movilizados desde Venezuela, adiestrados en estrategia y violencia callejera. Desde el Ministerio del Interior se dieron órdenes a las delegaciones de gobierno para que las fuerzas de seguridad del Estado acudiesen tardíamente, en caso de ser requeridas por los convocantes a los actos, dando tiempo a los provocadores a realizar sus acciones. Algo inédito, ya que deberían hacerlo de oficio. Mas si los violentos carecen de permiso, amenazan de muerte, cometen atentados contra el mobiliario urbano, etcétera. Es tanto como no actuar en caso de presenciar una violación, robo o asesinato, subrayando que no tiene órdenes (sic).
De esa guisa han sido los argumentos esgrimidos por la policía el jueves 11 de mayo, para permanecer impávidos antes el ataque a una sede de la embajada de Venezuela, donde se celebrara un acto informativo del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado. Dicho local goza de la inviolabilidad diplomática, acorde con la convención de Viena para el cuerpo diplomático.
Sin embargo, en una manifestación no autorizada de la derecha venezolana y española se permitió a los convocantes el lujo lanzar objetos, increpar a los asistentes, llamarlos asesinos, amenazarlos de muerte, agredirlos, estar a menos de dos metros de la entrada, impidiendo el paso a quienes democrática y libremente deseábamos oír a las Víctimas de las Guarimba, que previamente se habían reunido con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien oficialmente manifestó su apoyo y prometió hacer gestiones para esclarecer la verdad y hacer justicia. El acto, donde estaban el embajador y buena parte del personal diplomático, además de académicos, invitados y miembros de asociaciones civiles, sería una explicación de tres víctimas de las Guarimbas, encabezados por Desirée Cabrera, portavoz de las víctimas, cuyo bebé se encontraba en la guardería del Ministerio de Vivienda cuando los violentos asaltaron las dependencias y prendieron fuego. También participaba la madre del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramzor Bracho Bravo, asesinado por francotiradores, cuando se aprestaba a rescatar a un compañero agredido por las Guarimbas, mientras quemaban basuras y mobiliario urbano. Por último tomó la palabra Germán Óscar Carrero, quien perdió una mano al protegerse de una bomba, mientras escoltaba ambulancias y medicinas trasladadas al depósito de CorpoSalud. En definitiva, víctimas de la violencia y sedición de la derecha venezolana.
Sin embargo, desde la calle, en Madrid, lideradas por Isidora Zubillaga, coordinadora de Voluntad Popular y mano derecha de Lilian Tintori en España, misma que se había reunido con Albert Rivera, responsable de promover las acciones, nos llamaba asesinos y desconocía el carácter de víctimas de los invitados, arengando a boicotear y agredir a los asistentes al acto. El responsable del operativo policial y los GEO, número de placa 96983, con quien mantuve esporádicas conversaciones, afirmaba que la delegación del gobierno había dado órdenes de no intervenir. Todo ello transcurría amenazando a ciudadanos españoles y extranjeros, impidiéndoles el paso al acto, dando puñetazos a los coches, cortando el tráfico y violando territorio diplomático. Mientras se escuchaban gritos de ¡Franco, Franco, Franco!, y ustedes serán nuestras víctimas.
Claro, no eran locales diplomáticos pertenecientes a las embajadas de Israel y Estados Unidos. Durante seis horas los manifestantes permanecieron sin ser molestados, garantizando la maniobra de estrangulamiento y acoso. Hoy, esta estrategia, puesta en marcha en colaboración con España, se extiende por América Latina. Lo vemos en Panamá, donde la decisión de su gobierno ha sido amenazar con expulsar a los venezolanos que protesten de forma violenta. En España se han abonado a la sedición, el apoyo a la desestabilización y la violencia, promoviendo el asesinato y alegrándose de las muertes cometidas por sus aliados, compañeros y amigos de la infamia. La conclusión es obvia: las derechas se unen en contra de la democracia.
