La Secretaría de Gobernación (SG) no recibió ninguna alerta o solicitud para incorporar al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada en su domicilio el pasado miércoles.

La activista no estaba inscrita en el mecanismo ni hay ninguna solicitud de incorporación, se lee en el reporte interno de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

El gobierno federal, tras el asesinato, se enfoca a ofrecer protección a los familiares de la defensora ultimada, así como a reunirse con el gobernador para revisar la situación de los colectivos de familiares de desaparecidos en Tamaulipas.

Fue un acto abominable. La exigencia es que las autoridades correspondientes investiguen y den con los responsables, dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la SG.

Sabemos que se presentaron algunas alertas, pero ninguna fue planteada en el mecanismo (operado por Gobernación). Lo que sabemos es que había ciertas medidas a escala estatal, señaló en entrevista

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó diversas diligencias en Tamaulipas por la muerte de la activista, y solicitó a varias autoridades la implementación de políticas públicas en favor de las y los defensores de las garantías individuales.

En un comunicado, el organismo informó que sus representantes se reunieron con autoridades de Tamaulipas para poner de relieve la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en dicha entidad, así como la necesidad de que las autoridades construyan entornos seguros para que puedan desarrollar sus actividades sin ser agredidos o amenazados.

El director general del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez, se trasladó al municipio de San Fernando para conocer las acciones y la atención que se proporciona a los familiares de la defensora victimada, y reiteró la condena de la comisión nacional a ese homicidio.

Además, el funcionario de la CNDH se reunió con el procurador Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, a quien externó la necesidad de analizar como principal línea de investigación la relacionada con la labor de activismo de la víctima.