El comité fundacional de la Asociación de Residentes de la Casa Hipódromo apremió a las autoridades capitalinas a revisar el reglamento de construcciones y considerar las opiniones de empresas y organizaciones vecinales y ciudadanas que luchan contra el cártel inmobiliario.

Con la bandera del impulso al desarrollo económico, puntualizó, se ha dañado severamente la sustentabilidad futura de la Ciudad de México, pues esos cárteles, encabezados también por algunos servidores públicos, han violado la norma sin castigo ejemplar.

Las sanciones para quienes edifican sin licencia de construcción, manifestación o uso de suelo no prosperan, como tampoco el derribo de los niveles excedentes o las continuas clausuras, porque se amparan y la obra irregular continúa.

Rafael Guarneros, integrante del comité, consideró que el reglamento es muy alcahuete con los infractores, exime a las autoridades y las sanciones para los responsables de obra son ineficaces, lo que ha permitido que decenas de inmuebles tengan más pisos o se construyan sin autorización.

Tan sólo las sanciones para un director responsable de obra son irrisorias, porque son mínimas en comparación con el daño a la ley y la sociedad; no lo bajan de la base de datos y no existe ningún impedimento para que sea contratado en otra obra, cuando deberían cancelar su cédula, consideró.

Además, en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, como instancia que acredita a los directores responsables de obra y los sanciona, se evidencia un conflicto de interés –porque son juez y parte– al formarse por representantes de los distintos colegios de ingenieros y arquitectos, así como de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

Acciones insuficientes

El gobierno capitalino anunció que destinará 50 millones de pesos para demoler pisos ilegales en construcciones que violan los programas de desarrollo urbano y la ley, pero es insuficiente porque no toca a los funcionarios delegacionales, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o del Instituto de Verificación Administrativa, que hacen mal su trabajo o están coludidos con los constructores, dijo.

Por ello es necesario que el reglamento de construcciones sea revisado y la voz de la gente tomada en cuenta, pues la solución a un problema como la construcción de inmuebles con documentos apócrifos o sin licencia, entre otras irregularidades, no está en sanciones tibias, sino en poner un alto a las inmobiliarias y directores responsables de obra que incumplen con su labor.