Guanajuato, Gto.

Las quejas por agresiones contra reporteros en el estado aumentaron 100 por ciento de 2008 a 2016, y desde hace casi tres años el Congreso local tiene congelada la iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En los nueve años recientes la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) integró 42 quejas por agresiones contra informadores por amenazas, bloqueo informativo, suspensión de difusión oficial, arrestos y agresiones físicas.

En 2008, la PDHG abrió cinco investigaciones; en 2009, tres; en 2010, cinco; en 2011, dos; en 2012, dos; en 2013, cinco; en 2014, tres; en 2015, siete y en 2016, 10. En lo que va de 2017 el organismo ha investigado tres agresiones contra periodistas.

De los 42 expedientes de quejas, la PDHG emitió 30 recomendaciones, 10 al ayuntamiento de León; siete al de Silao; cuatro al de San Miguel de Allende; dos al de Cuerámaro y dos al de San Luis de la Paz.

El resto de las recomendaciones fueron dirigidas a los gobiernos de Celaya y Huanímaro, al sistema de agua de Silao, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los casos más graves son el de Karla Silva Guerrero, periodista de Silao golpeada por orden del alcalde priísta Enrique Benjamín Solís Arzola (2012-2015) , actualmente sujeto a proceso penal. ¡Bájale de huevos a tus pinches notas o te va cargar la chingada!, gritó a la reportera el sujeto que la golpeó el 4 de septiembre de 2014 en la redacción del diario regional El Heraldo.

El 7 marzo de 2017, Gilberto Navarro Basaldúa, reportero de AM Express, viajaba en una motocicleta y fue embestido por el vehículo que conducía Jorge Rodríguez Rocha, servidor público del ayuntamiento de Guanajuato. Atenta funcionario contra reportero, publicó el periódico AM, el cual reveló que una semana antes Gilberto Navarro escribió una nota según la cual Rodríguez Rocha peleó con un comerciante e insultó a ancianas.

Denuncia en redes

El 19 de abril, el director de comunicación social del gobierno panista de León, Ignacio Camacho Flores, solicitó a los directivos de la estación de radio La Poderosa que la periodista Socorro Bernal no se entrevistara en vivo con el alcalde Héctor López Santillana, porque podía hacer preguntas incómodas.

La reportera se colocó en la boca una cinta que decía censurada, se tomó una foto y la publicó en redes sociales. Al fondo se veía al alcalde durante una entrevista en la cabina de radio. Ignacio Camacho fue despedido el 26 de abril y el asunto hoy es investigado por la PDHG y por la contraloría municipal.

El ex edil priísta de San Miguel de Allende (2012-2015) Mauricio Trejo Pureco recibió cuatro recomendaciones de la PDHG –que no cumplió– por violar la libertad de expresión del director de la estación Tv Independencia, Jorge Rodríguez Medrano, del hijo de éste, Jorge Rodríguez Rocha, y de los reporteros Juan Jesús Zepeda Neri, José Antonio Mijares Ruiz, José María Gerardo Sierra Cruz, Juan Alarcón Martínez y Francisco Javier Zavala Ortiz.

En Guanajuato sólo se denuncia una de cada 10 agresiones a periodistas, según el catedrático y defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval Bautista. Indicó que en 2015 la PDHG recibió siete quejas y en 2016, 10; pero la organización internacional Artículo 19 documentó 13 agresiones en 2015 y 12 en 2016.

El 5 de junio de 2014, en el Día de la Libertad de Expresión, la coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Torres Rea, presentó ante el Congreso estatal la primera iniciativa de Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Después de la golpiza que recibió Karla Silva, periodistas del estado exigieron una nueva ley, pero el gobernador panista Miguel Márquez Márquez afirmó que no era necesaria.

En la Legislatura pasada (2012-2015) se organizaron mesas de trabajo con periodistas y activistas, pero sus propuestas no fueron tomadas en cuenta y la iniciativa fue desechada en la actual legislatura (2015-2018).

El año pasado los coordinadores de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, y del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, presentaron una iniciativa que no prevé la creación de un mecanismo estatal de protección. Propusieron que la Secretaría de Gobierno sea una ventanilla de trámite para el mecanismo federal.

La presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso local, Irma Leticia González Sánchez, ingresó una iniciativa que incluye un mecanismo estatal y prevé la destitución de funcionarios que violen la libertad de expresión.

Los diputados organizaron dos foros de consulta, pero no se han puesto de acuerdo sobre el contenido de la iniciativa. Los comunicadores han solicitado que los atentados contra la libertad de expresión sean tipificados como delito y falta a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Asimismo pidieron que sea derogado el delito de difamación.

Las integrantes de la comisión legislativa de derechos humanos, la diputada priísta González Sánchez y la panista Sagrario Villegas; así como el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa, prometieron que en este periodo de sesiones será aprobada la norma.

No se ha dictaminado porque se ha estado analizando con todos los partidos para que realmente salga una ley bien consensuada con todas las opiniones que nos hicieron llegar los periodistas en los foros. No es falta de voluntad, declaró la presidenta de la comisión de derechos humanos, que analiza las dos iniciativas.

El 2 de abril de este año periodistas, activistas y ciudadanos protestaron en las escalinatas del Teatro Juárez, para exigir que se aclaren los asesinatos de periodistas en el país y para que el Congreso de Guanajuato apruebe la ley que los protegería.

Los diputados no tienen voluntad política para que exista un mecanismo estatal de protección, consideró Verónica Espinoza, corresponsal de Proceso. Lamentó que mientras en Guanajuato las agresiones a periodistas van en aumento los diputados pretendan aprobar una ley muy acotada.

“El Congreso ha sido negligente; piensan que estamos jugando y no hay una ley que nos proteja –aseguró la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez–. Si el Legislativo aprueba una ley de vanguardia, con una política pública que garantice el libre ejercicio del periodismo y el trabajo de los defensores, habrá valido la pena la espera”, pero si no incluye las aportaciones de comunicadores y activistas, será rechazada, advirtió.