Diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos calificaron de ‘‘inaudito’’ que en el caso de Palmarito Tochapa, Puebla, ahora se pretenda encubrir a un militar que ejecutó de manera arbitraria a un civil y se proteja al mando que presuntamente dio una orden ilegal.

Agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), 84 organizaciones señalaron que funcionarios de los tres niveles de gobierno pretenden eludir su responsabilidad en la crisis de derechos humanos minimizando hechos, cuestionando evidencias y responsabilizando a las víctimas no sólo en este caso de Palmarito Tochapan, Puebla, sino como una política de propaganda.

En un pronunciamiento colectivo consideran que las más de 23 mil muertes violentas ocurridas durante 2016, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (que coloca a México sólo debajo de Siria a escala global en este tema) no es fruto de errores metodológicos del gobierno, sino de políticas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas.

‘‘Pero si estas escandalosas cifras citadas no describieran la brutalidad de la descomposición que vivimos’’, las organizaciones de la Red TDT ponen como ‘‘doloroso botón de muestra’’ el reciente homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ‘‘valiente activista sobre desaparecidos’’, que en 2012 logró hallar en una fosa clandestina a su hija secuestrada y gracias a sus investigaciones se pudo detener a 13 presuntos responsables.

Ni infortunio ni fatalidad

Piden a la sociedad no confundirse, pues tampoco estos hechos responden al infortunio o a la fatalidad; la muerte y la desaparición de civiles y de personas defensoras de derechos humanos tienen responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material e intelectual, indican.

Advierten que entre los responsables están funcionarios públicos que han sido incapaces de honrar sus compromisos y aprobar una ley sobre los distintos tipos de desapariciones que cumpla con las exigencias de las familias y con los compromisos internacionales del Estado mexicano.

Pero también, añade el pronunciamiento, es consecuencia de políticas públicas que han permitido que esto ocurra, pues han sido diseñadas e instrumentadas por funcionarios que tienen nombre y apellido, que existen y que deben tener responsabilidades políticas, pero también penales.

‘‘Es inaceptable la crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la incapacidad de los funcionarios del Estado que miran a otro lado. Ante la barbarie y la violencia, parece cada vez más claro que sólo la sociedad civil puede impulsar una paz con justicia y dignidad, aunque dicha responsabilidad sea del Estado y sus funcionarios’’, dice.