Buenos Aires.

El juez federal Marcelo Martinez De Giorgi procesó este lunes a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a su ex apoderado Sergio Schoklender y otros por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos para construir viviendas para trabajadores, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Esto a pesar de que De Bonafini denunció a Schoklender por haber comprobado que estafó a las Madres, desviando fondos para un grupo en el que figuran empresarios judíos amigos del acusado.

El desvío fue de unos 206 millones de pesos, lo que equivale actualmente a unos 13 millones de dólares.

También fueron procesados -el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, un respetado político el ex secretario de Obras Públicas José López, ya detenido por otra causa, además de Pablo Schoklender, el hermano menor de Sergio a quienes se les impuso un embargo a cada que van de los 150 a los 250 millones de pesos.

El mismo juez dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y gobernadores e intendentes donde se realizaron obras. Se comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales por parte de Schoklender que no informaba a las Madres y expedía cheques descontados en las llamadas cuevas, ilegales, pero terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban millones de pesos en efectivo, señala el portal Diario Registrado.

En el fallo de más de 500 páginas, el juez describe distintas maniobras utilizadas para desviar los fondos oficiales, que terminaron en cuentas de los Schoklender y sus allegados.

La investigación comenzó hace seis años bajo el juez Norberto Oyarbide que como es lógico investigó a los hermanos Schoklender, pero en 2013, la Cámara Federal anuló todo. Martínez de Giorgi quedó a cargo de la causa y también procesó al contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, por el delito de lavado de dinero; l piloto Gustavo Serventich, quien tuvo un rol clave en la compra de dos aviones y a Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y varias personas que integraban el entorno de los Schoklender.

En realidad el procesamiento a De Bonafini se realiza de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo la persecución político-mediática y judicial del gobierno de Mauricio Macri para desacreditar a sus opositores políticos no tiene límites.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita el país expresó su preocupación por el beneficio que resolvieron tres jueces de la Corte Suprema de Justicia en favor de un condenado por graves crímenes de lesa humanidad, utilizando una ley que computa dos años por uno, con lo cual se abría la puerta de la impunidad para todos los condenados por los crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983). Hubo un fuerte respaldo de la CIDH para los organismos de derechos humanos por su larga lucha por la memoria, verdad, justicia y reparación.

Renuncia a la defensa soberana

En este escenario el gobierno de Macri autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta 20 mil millones de dólares, renunciando a oponer la defensa de inmunidad soberana en una medida publicada en el Boletín Oficial, que causó rechazo e indignación. En esta medida se incluyen claúsulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York, y/o de los tribunales de Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos.

En esta medida no figuran entre los bienes inembargables los recursos naturales, lo que implica que a la hora de reclamar el pago de la deuda no están protegidos por la inmunidad soberana. Macri ya había sido sido denunciado en abril pasado por defraudación y abuso de autoridad. Pero la justicia actual en manos de jueces de la llamada corporación judicial, adicta al gobierno hasta ahora no han tomado ninguna medida con funcionarios gubernamentales.