La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), inició ayer una carpeta de investigación sobre el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, informó el titular del organismo, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo. Agregó que envió a un equipo de peritos e investigadores a Culiacán, especializados en asuntos relacionados con la libertad de expresión.

De acuerdo con datos de la propia Feadle, hasta la fecha ha iniciado 48 expedientes por asesinatos y agresiones a periodistas, de las cuales sólo ha logrado tres sentencias condenatorias.

Sánchez del Pozo, quien asumió el cargo el pasado 5 de mayo en sustitución de Ricardo Nájera –quien fue duramente cuestionado por los magros resultados de la fiscalía desde el primero de agosto de 2015, cuando asumió el cargo–, señaló que es un hecho que la PGR atraerá el caso por tratarse de un delito relacionado con la libertad de expresión y la actividad profesional de Valdez Cárdenas, quien fue ultimado a tiros ayer en la capital sinaloense.

Abren carpeta de investigación

En entrevista, el funcionario dijo que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la cual respondió de inmediato y abrió una carpeta de investigación, además de que la delegación de la PGR en esa entidad tomó conocimiento de los hechos para trabajar en forma coordinada en tanto llegaba a la capital sinaloense el equipo de peritos y expertos de la Feadle.

Pérez Sánchez del Pozo precisó que en Sinaloa no hay fiscalía especializada en delitos contra periodistas, por lo que la Fiscalía General se hizo cargo del asunto inicialmente.

Una vez que se confirmen las líneas de investigación acerca de que el homicidio del fundador del semanario Ríodoce está relacionada con su labor profesional, la Feadle atraerá formalmente el asunto.

La PGR va a abrir una investigación de manera propia, vamos a trabajar con la fiscalía de Sinaloa por ser la primera respondiente, señaló.

Posteriormente, la PGR emitió un comunicado en el que condenó todos aquellos actos de agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo que se comprometió a realizar una investigación inmediata y oportuna.

La labor de la Feadle ha sido criticada fuertemente en razón de sus nulos resultados a escala nacional, aunque su ineficacia fue particularmente señalada a partir del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, ocurrido el 23 de marzo pasado en Chihuahua.

El 4 de mayo pasado, el presidente del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos para externarle su preocupación porque en México existe una crisis de libertad de expresión.

En respuesta, Peña Nieto se comprometió a dar prioridad al combate a la impunidad en los casos de periodistas asesinados, en la resolución de esos crímenes y a defender y proteger a los comunicadores.

En ese encuentro, el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, reveló que como parte de la respuesta del Ejecutivo federal a los cuestionamientos del director del CPJ sería removido de su cargo el entonces titular de la Feadle, Arturo Nájera, quien fue duramente cuestionado por diversos actores sociales y políticos, quienes incluso exigieron su renuncia por el nulo avance en la investigación del asesinato de Miroslava Breach.

Hace unos días, en reunión con diputados de la comisión especial que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, admitió que en años recientes ‘‘se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para periodistas’’.

Sin embargo, la funcionaria sostuvo que a las víctimas se les garantiza el acceso a la justicia, ya que desde que se reportan hechos de agresión la fiscalía abre inmediatamente una carpeta de investigación y se está en contacto con los fiscales y procuradores de los estados para colaborar con ellos en la indagatoria.