l gobierno peñanietista el engrudo no se le hizo bolas; de plano se le petrificó. Inmerso en la autocomplacencia y la permanente negación de la realidad, a los grandes problemas nacionales –aun los pequeños– cómodamente los tira al muy calderonista basurero de la percepción equivocada de los mexicanos sobre la cruda realidad del país.

Pero el delicado asunto de los huachicoleros lo ha desnudado una vez más. No sabe cómo ni por dónde entrarle al mercado ilícito de combustibles, robo de hidrocarburos y crecientes tomas clandestinas, mientras el crimen organizado presume músculo y omnipresencia. Y si por estos días el gobierno hace como que hace es sólo por la lamentable muerte de civiles y efectivos de las fuerzas armadas.

Allá por diciembre de 2015 la oronda procuradora (en ese entonces) general de la República Arely Gómez –hoy al frente del cadáver de la Función Pública– presumía que la dependencia a su cargo detectó más de 6 mil tomas clandestinas de combustible –propiedad de la nación– y enaltecía al Legislativo por aprobar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que entró en vigor el 12 de enero de 2016.

Pues bien, un año después el robo de combustible, las tomas clandestinas y el poder de los huachicoleros es mucho mayor que cuando Arely Gómez presumía sus logros, al tiempo que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, “exige que el Congreso acelere y apruebe cambios en la legislación para frenar el robo de combustibles, pues sería muy valioso que se actualizara el marco legal (La Jornada, Israel Rodríguez).

Así es: en menos de 18 meses se promulgó la citada ley; la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a esa misma legislación (la aprobación se mantiene pendiente en el Senado), y ahora el titular de Hacienda reconoce que ninguna de las dos sirvió para mayor cosa, por lo que urge que se modifique lo ya modificado y legislado. En castellano simple lo anterior sólo confirma que las leyes que se estructuran y aprueban por ósmosis, de tal suerte que el gobierno y los legisladores no tienen la menor idea de qué coño es lo que proponen y avalan.

Tampoco tienen memoria, porque el propio Meade presumió que la reunión que (EPN) realizó con el gabinete de seguridad y cuatro gobernadores (Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz), en Palacio Nacional, fue de las más importantes porque se compartieron las estrategias que implica compromisos para que sean exitosas y poderlas desdoblar en cada uno de los estados. La recepción de la estrategia fue muy buena y la disposición para trabajar juntos fue muy bienvenida y estamos ciertos de que esta estrategia con el papel central que habrá de jugar Pemex y con el involucramiento de autoridades desde inteligencia financiera y el sistema de revisión tributaria con un despliegue y acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública con la participación de los estados nos permitirá entregar buenos resultados (ídem).

Pero, oficialmente, ese tipo de reuniones, con los mismos participantes, se vienen dando desde los tiempos foxistas, mientras el mercado ilícito de combustible, el robo de los carburantes y las tomas clandestinas sean esparcido como la humedad. De hecho, por lo que toca directamente al gobierno peñanietista, desde el 30 de abril de 2014 el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 quedó diseñada la estrategia en la materia para reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita.

Para ello, de acuerdo con tal programa, se promoverá la investigación coordinada entre Policía Federal, Procuraduría General de la República, Servicio de Administración Tributaria y Petróleos Mexicanos, instituciones que realizarían operativos interinstitucionales y acordarían protocolos conjuntos de actuación e investigación, al tiempo que fomentarían el uso de herramientas tecnológicas para prevenir e investigar el robo de hidrocarburos, incrementarían “la vigilancia en las zonas donde atraviesan los ductos de Pemex con mayor incidencia de robo y ubicarían las rutas de distribución y empresas que comercializan combustible robado.

Eso fue tres años atrás y lo firmaron y avalaron todas las dependencias del Ejecutivo federal y todos los gobernadores, es decir, lo mismo que hicieron en 2003, con Fox en Los Pinos, y que volvieron a hacer con Calderón en la residencia oficial. Y, como siempre, el crimen organizado muerto de la risa.

Por cierto, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, un organismo del Ministerio de Defensa de aquel país, elaboró un informe (El robo de combustible en México en el contexto del narcotráfico: una vía alternativa de financiación, fechado el 2 de junio de 2016) en el que subraya que el robo de combustible se ha disparado en los últimos 10 años, coincidiendo justo con el comienzo de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el anterior presidente Felipe Calderón.

Lo anterior “no ha sido una cuestión de azar sino que nace de una intención de los cárteles de diversificar sus fuentes de financiación, aumentando sus posibilidades de resistencia contra las fuerzas de policía. Pemex, lejos de mejorar la situación, ha sufrido pérdidas multimillonarias en los últimos años sin que hasta el momento haya encontrado la solución. La situación cada día se deteriora más, llegando a afectar a la sociedad civil en forma de desabastecimiento. Uno de los elementos vitales que se ha identificado para que este fenómeno exista y siga funcionando es la corrupción”.

Las rebanadas del pastel

El chiste cruel del día va por cuenta de Miguel Ángel Osorio Chong: ante crímenes de periodistas, respuestas de Estado (fallido)… Se tomarán medidas para garantizar la actividad periodística, como el mecanismo de defensa de los periodistas (que no tiene presupuesto). Y lo dice después de que a lo largo del sexenio peñanietista 32 colegas han sido asesinados. Ni la burla perdona… EPN cumple superrequetebién sus bonitas promesas (“gracias a la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica... Va a llegar el recibo de luz por menos… Por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias”. ¡Felicidades por el discurso!, pero a la oficina de México SA recién llega tal recibo y de mayo de 2016 a igual mes de 2017 el precio a pagar (por el mismo consumo) se incrementó la friolera de 101 por ciento (de 2.77 a 5.576 pesos por kilowatt, incluidos IVA y cargo fijo). En los hechos, tarifazo tras tarifazo, gracias a la reforma nunca hemos pagado tanto como ahora, y lo que falta.

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