Pese a que se han creado alrededor de 2 millones 700 mil empleos formales en lo que va del sexenio, el número de trabajadores que se desempeñan en la economía informal continúa en ascenso y ya representa casi seis de cada 10 personas ocupadas en el país, las cuales mantienen salarios precarios y carecen de protección social, revelan informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Adicionalmente, los 16 millones 255 mil trabajadores formales cotizantes al IMSS sufrieron el mayor deterioro en su poder adquisitivo en los pasados siete años, derivado de las recientes alzas en los precios de los combustibles, entre otros.

Al cierre del primer trimestre del año, el número de personas que se desempeñan en la economía también denominada subterránea alcanzó los 27 millones 900 mil personas, lo que significó un aumento de 1.8 por ciento con respecto al primer trimestre del 2016, precisan los datos del Inegi. De esta manera, 57.2 por ciento de las 51 millones 859 mil 895 personas ocupadas se mantienen en la economía informal.

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, incluye categorías como: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Al respecto, el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que México presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que comprende aproximadamente a 60 por ciento de los trabajadores del país. Por ello, resulta indispensable la adopción de una estrategia que permita la generación de empleos formales y que al mismo tiempo elimine los incentivos para permanecer en la informalidad.

La OIT opinó: En la actualidad se presentan condiciones para iniciar un proceso que permita revertir esta situación. Tres ejes específicos apuntan en dicha dirección: la aplicación de próximas reformas en materia de protección ante el desempleo y la vejez; un programa nacional para la formalización del empleo con un claro protagonismo de las instituciones públicas, y un conjunto de prácticas desarrolladas en entidades federativas que requieren ser analizadas y evaluadas como buenas prácticas para ser replicadas en otros contextos y a una mayor escala.

Los informes oficiales al cierre de marzo de 2017 indican que la precarización de los salarios continúa en la economía mexicana, pues alrededor de 2 millones 700 mil trabajadores perciben 12 mil pesos o más y aproximadamente 14 millones 300 mil personas ganaron entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa ingresos que oscilan entre 2 mil 400 y 4 mil 800 pesos mensuales, con lo que no superan la línea de la pobreza.

Ahora, si se toma en consideración las 3 millones 133 mil 797 personas que no perciben ingresos y los 7 millones 442 mil 463 trabajadores que perciben un salario mínimo tenemos que 10 millones 576 mil 260 personas reciben hasta un salario mínimo. Es decir, 20.3 por ciento de la población total ocupada.

Por otra parte, datos del IMSS detallan que el bolsillo de los 16 millones 255 mil trabajadores formales cotizantes registrados al cierre del primer trimestre de 2017 no se salvó del alza en los precios de la gasolina, gas, luz, transporte urbano y algunos productos agropecuarios, con lo que mostró el mayor deterioro en su poder adquisitivo desde abril de 2010.

Los informes precisan que las remuneraciones aumentaron 4.9 por ciento anual en abril; sin embargo, el alza en la inflación en el mes pasado ocasionó que en términos reales el poder adquisitivo de los asegurados al IMSS cayera casi uno por ciento. Este es el mayor declive en siete años, desde abril de 2010.

El peor declive en siete años

Además, con esta cifra se acumularon cuatro meses en declive, su peor deterioro en siete años. Su mayor tendencia descendente comenzó en enero de 2016, ante una mayor alza en los precios al consumidor, que se acentuó a partir de enero de 2017 con la liberalización de los precios de los combustibles

Esto, después de que en diciembre de 2015 la inflación anual registró un mínimo de 2.13 anual, que resultó en un aumento real de 1.9 por ciento en el salario.

En contraste, en abril de este año la inflación ya se situó en 5.82 por ciento mientras que el salario aumentó en términos nominales por debajo de alza en los precios, es decir, 4.9 por ciento anual, lo que derivó en una pérdida de poder adquisitivo de casi uno por ciento.

Además, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social indicó que el salario contractual que reciben esos trabajadores reportó en abril una disminución de 1.80 por ciento anual, la mayor pérdida de poder adquisitivo desde febrero de 2009.

Es importante recordar, que a propuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera se pretende que en los próximos meses los 7 millones 442 mil 463 trabajadores que ganan un salario mínimo puedan obtener aumento de 14.05 pesos para alcanzar ingreso de 94.09 pesos diarios, es decir 2 mil 823 pesos mensuales.