El acto criminal que segó la vida de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, llevó ayer a la Presidencia de la República a convocar a reunión del gabinete de seguridad con gobernadores en Los Pinos. Ahí, el presidente Enrique Peña Nieto anunció tres medidas extraordinarias ante la grave la situación que encaran los comunicadores: mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; establecimiento de un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio, y fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario admitió la profunda herida abierta en la sociedad a partir de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Incluido su mensaje, hubo cuatro intervenciones en la ceremonia, pero el jefe del Ejecutivo federal ubicó como central, no los discursos, sino ratificar el compromiso, la tarea de combatir la impunidad para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables.

Dijo entender la indignación ante esos asesinatos. Pidió guardar un minuto de silencio por aquellos cuyas vidas han sido cortadas violentamente, porque cada hecho representa un atentado contra la libertad de prensa y la ciudadanía.

En la visión presidencial, el homicidio contra representantes de la prensa muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad al que se debe poner punto final con la acción de los tres poderes y órdenes de gobierno, porque a la ciudadanía no le interesa a qué autoridad compete el esclarecimiento de esos crímenes. Espera resultados, que ninguno de estos delitos cometidos quede impune y los agresores no escapen a la justicia.

Señaló: “La impunidad y el rezago en el esclarecimiento de los crímenes son, precisamente, lo que más indigna a la sociedad, el que no se tenga resultados lo más pronto posible y, sobre todo, que muchos casos queden auténticamente en la impunidad’’.

Al Estado mexicano, agregó, corresponde otorgar garantías para el ejercicio de la labor periodística, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones infiltrado en instancias de gobiernos locales, en ciertas regiones del país. Y dijo: la violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana.

La sociedad, y menos el gobierno, puede permitir la censura ni las restricciones a la labor informativa. Por el contrario, una democracia plena requiere que nadie calle su voz.

Enseguida, Peña Nieto se sumó a la consigna escuchada infinidad de veces cuando un nuevo comunicador es víctima de la violencia: No se mata la verdad matando periodistas.

Al explicar las medidas con las cuales se buscará proteger la actividad periodística, el presidente Peña Nieto expuso que el mecanismo de protección actualmente custodia a 538 personas, de los cuales 196 son periodistas y el resto defensores de derechos humanos. Ofreció mayores recursos para esta instancia –a la que no se asignó presupuesto para 2017– y ofreció más personal y capacitación a agentes del Ministerio Público, policías y peritos.

El gobierno federal está en disposición de acompañar a las autoridades locales para hacer justicia en estos casos.

Al finalizar, Peña Nieto hizo una nueva defensa de la libertad de expresión como pilar de las sociedades libres. Se comprometió a luchar hasta el final de su mandato para fortalecer las condiciones del ejercicio del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita.

El país debe distinguirse por salvaguardar la libertad de expresión y no podemos ni debemos ceder ante la violencia. En cambio, hay que responder con unión y acciones conjuntas.

Además, dijo que de cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión.