Aun cuando en 2010 se aprobó la Ley de Publicidad Exterior, con la finalidad de precisar y simplificar en un solo ordenamiento el control de todo tipo de imágenes publicitarias, se requieren acciones más efectivas para desincentivar la publicidad ilícita en la Ciudad de México y atender el lamentable inventario de áreas verdes que existe, que es de apenas 20.4 por ciento entre públicas y privadas, lo que equivale a sólo dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante.

Así lo dio a conocer el diputado Víctor Hugo Romo, quien promueve una iniciativa para reformar dicha ley y hacer que por cada metro cuadrado de anuncio publicitario exista un metro cuadrado de área verde (huerto) o su equivalente en mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines, camellones y centros deportivos, para que sean mantenidos y reforestados con plantas y árboles vivos con valor ambiental.

Es fundamental tener un marco legal que otorgue facultades a la autoridad para aplicar la norma, garantizar certeza jurídica a los sujetos obligados y a los ciudadanos un paisaje acorde con las necesidades ambientales que la capital requiere, indicó.

La iniciativa busca incorporar toda la publicidad exterior en mobiliario urbano, con la finalidad de regularlo como elemento de anuncios exteriores, así como conceptos que brindarán certeza jurídica, como publicidad ilícita engañosa y decorativa, padrón de anunciantes, anuncios, saturación visual y reordenamiento, y se establece el registro único de anuncios y anunciantes.

Además propone definiciones que brindarían un protocolo sobre quejas o denuncias frente a abusos de los contenidos de los anuncios que pueden denigrar a la persona o sean contrarios a los derechos humanos.

Añadió que la iniciativa antepone la salud y bienestar de los niños, por lo que plantea prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas azucaradas a menos de 300 metros de escuelas y centros deportivos; se determina que cada dos años los anuncios deberán contar con un dictamen de seguridad estructural, así como actualizar las responsivas en materia de protección civil, y se obliga a los anunciantes a contar con un seguro de responsabilidad civil para proteger a los ciudadanos de daños a sus viviendas o patrimonio.