El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió ayer en privado con los secretarios de Gobierno de las 32 entidades del país con el fin de elaborar un atlas de riegos para periodistas y defensores de las garantías individuales, así como analizar el fortalecimiento de las medidas de protección a estos gremios

Al concluir el encuentro, Campa Cifrián informó que el compromiso es que antes de concluir junio estarán operando todas las fiscalías estatales para la atención de delitos contra la libertad de expresión y las unidades de protección.

Los funcionarios locales asistentes a la reunión –que duró casi cuatro horas en Gobernación– manifestaron que el subsecretario nos pidió que todos los gobernadores escuchen inmediatamente a los periodistas, por más difícil que pueda ser eso. Dijo claramente que no es para hacer amigos, sino para saber dónde están los problemas en cada estado.

En ese encuentro se nos planteó que es momento de emergencia (por los asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos) y lo que necesitamos es responder desde los estados. Se debe acabar con la impunidad en estos crímenes, añadieron los secretarios de Gobierno consultados.

Campa Cifrián, en entrevista posterior, manifestó que el encuentro fue básicamente para analizar el fortalecimiento de las medidas de protección a defensores. Se hizo una revisión del funcionamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo por lo que hace a la coordinación con los estados.

También estuvieron en la reunión funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), refirió el subsecretario, y explicó cómo están avanzando las modificaciones a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) para fortalecerla, así como a las fiscalías locales.

El tema básicamente fue para fortalecer los esquemas de protección, indicó.

De lo que se trata, insistió, es de concretar todos los compromisos que se anunciaron la semana pasada, en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores.

–¿Se avanzó en el atlas de riesgos para periodistas? –se le preguntó.

–Esa es una propuesta que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y el acuerdo al que se llegó es tener esos catálogos, esos atlas de riesgos, uno en cada entidad federativa.

Esos atlas están vinculados con el compromiso que se asumió para tener unidades de protección en todos los estados. Comprometimos una fecha para que estén operando en todo el país estas unidades, y eso será antes de que termine junio.

Comentó que además se convino que habrá capacitación a los responsables de esas unidades, la cual se dará en la segunda y tercera semanas de junio, en San Luis Potosí.

–Tenemos entendido que Gobernación señalará a cada estado qué indicadores debe contener el atlas de riesgo. ¿Nos podría comentar algunos?

–Básicamente de lo que se trata es de poder identificar qué riesgos tenemos en términos de personas, de medios, grupos, regiones.

–¿Cuál fue el mensaje del gobierno federal a los estados?

–Que para revertir esta situación tenemos, por un lado, que pelear contra la impunidad, que garantizar que se haga justicia, que concluyan las investigaciones con los responsables de estos crímenes y con la seguridad de llevarlos ante la justicia.

“Se trata de una tarea de monitorear, de identificar dónde están los riesgos y definir cuáles son las medidas que tendrían que adoptarse en favor de los periodistas, estar pendientes de que se cuenten con ellas y luego darles seguimiento”.

Campa Cifrián se reunió por la mañana con los secretarios de Gobierno de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, ubicados como los prioritarios en el tema. Por la tarde, se reunió con los restantes.

Asistieron además el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas.