El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Arturo Baustista, estimó que la aplicación de la contingencia ambiental ha tenido un impacto económico de alrededor de 410 millones de pesos, debido a la suspensión obligatoria de las obras públicas y privadas.

Al término de las mesas de diálogo con la industria de la construcción, con la participación de empresarios y funcionarios de la administración capitalina, explicó que no podemos arriesgarnos a que nos multen; a todos nos afecta.

Tan sólo este año se invierten 30 mil millones de pesos y el impacto de la contingencia por día se obtiene al dividirlo entre 365 días, (pero) lo único que realmente afecta es que tenemos que pagar a los empleados, a los obreros, y realmente no trabajan, eso nos afecta como empresa, señaló.

El secretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüí, informó que se recorrerá a la primera quincena de julio la entrada en operación del desnivel de Mixcoac, cuando estaba programado inaugurarlo el 30 de junio, debido a la cancelación de los trabajos durante el día con maquinaria pesada.

Las empresas participantes en la obra no serán sancionadas, dado que la contingencia no es imputable a ellas, pues todas las obras públicas del Gobierno de la Ciudad de México que utilizan en su proceso de construcción retroexcavadoras, aplanadoras y remolques, entre otras, fueron detenidas.

Además se suspendió el asfaltado de calles, bacheos y únicamente se mantuvieron las labores que se realizan de manera manual, como el retiro de escombro a mano o en carretillas, es decir, aquellas que no genera emisiones por tener motores a diésel prendidos”, precisó.

La dependencia, dijo, verificó que no se utilizara maquinaria, sobre todo en el desnivel Mixcoac-Insurgentes, ante las denuncias de algunos vecinos de que no habían parado obras, y no encontramos ningún problema.

Por otra parte, el director del Instituto de Seguridad de las Construcciones, Renato Barrón, informó que se tiene una frecuencia no deseable de incidentes en obras, por los problemas de seguridad, con promedio de uno al mes, por lo cual se impulsa un proceso de revisión obligatorio de edificaciones importantes por su tamaño, altura o extensión.