Mazatlán, Sin.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa (ASP), Juan Manuel Partida Valdez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en las redes sociales haber recibido amenazas de muerte, razón por la cual el gobierno del estado le asignó dos escoltas para su seguridad.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida del comunicador y de su familia, así como asegurar el libre ejercicio de su labor periodística.

Partida Valdez dio a conocer que el pasado 16 de mayo –un día después del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce– una persona, a la que no identificó, le pidió que fuera enlace entre él y las autoridades, ya que supuestamente tenía información acerca de los autores materiales del asesinato del periodista sinaloense.

Pidió mi intervención para hacer llegar su testimonio con una autoridad de mi confianza; se lo informé al gobernador (Quirino Ordaz Coppel) y al fiscal (Juan José Ríos Estavillo), explicó.

Desde poco después de las seis de la tarde hasta casi las 11 de la noche de ese día martes (16 de mayo), personal de la fiscalía federal recogió ese testimonio, que fue grabado en video, explicó Juan Manuel Partida.

Por conducto de las redes sociales mencionó que desde ese día le asignaron custodia, ya que de acuerdo con el testigo del que fue intermediario, su vida corría peligro, porque figuraba en una lista de periodistas a asesinar.

El lunes pasado, aproximadamente a las 20 horas, recibió una llamada de la misma persona, quien le entregó el material con supuestas evidencias del crimen contra Javier Valdez, y le advirtió que, de acuerdo con informes que tenía, había planes para asesinarlo el martes 23 de mayo.

Acerca de las amenazas contra el presidente de la ASP, el gobernador Quirino Ordaz señaló que las denuncias presentadas por comunicadores se canalizarán por conducto del mecanismo de protección, y las dependencias del gobierno estatal apoyarán las peticiones que se realicen.

En tanto, en un comunicado la CNDH indicó que tuvo conocimiento de que Partida Valdez recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que sería privado de la vida, luego de que sostuvo reuniones con varias autoridades en relación con el asesinato del corresponsal de La Jornada.

El organismo reveló que entabló comunicación con Partida Valdez con el propósito de conocer su situación y ofrecerle asesoría.