El bloqueo informativo que la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena lleva a cabo contra La Jornada es riesgoso en el contexto de las agresiones a los periodistas, implica el endurecimiento de una dependencia de alta relevancia del Estado y, de no frenarse, presagia tiempos ominosos para comunicadores y medios, y para defensores de derechos humanos, coincidieron los diputados Armando Luna (PRI), Virgilio Caballero (Morena) y Víctor Sánchez (Movimiento Ciudadano).

Los dos últimos formularon un llamado al Presidente de la República para convocar a la mesura.

“Nada justifica el veto de la Sedena al ejercicio periodístico de La Jornada”, expuso por separado el senador independiente Alejandro Encinas. Resaltó que la decisión del alto mando militar de impedir el acceso a actos castrenses del reportero Jesús Aranda es un precedente muy grave que prende los focos rojos en el Congreso sobre las implicaciones de aprobar la ley de seguridad interior que el gobierno quiere imponer.

Si el Ejército puede ahora censurar a medios de comunicación críticos, con las nuevas facultades que la daría esa ley, podrá incluso investigar a periódicos y periodistas. Recordó que la iniciativa del PRI de ley de seguridad interior, que se dictamina en la Cámara de Diputados, permite a las fuerzas armadas catear domicilios particulares y decomisar información de computadoras, tabletas, celulares y demás dispositivos electrónicos.

Coincidente con ello, el coordinador del PT Morena en el Senado, Manuel Bartlett, resaltó que el mayor peligro de aprobar esa ley de seguridad interior por la que el presidente Enrique Peña Nieto presiona al Congreso, es militarizar al país y convertir al Ejército en un censor. La ley, dijo, dará a las fuerzas armadas facultades de ministerio público y la posibilidad de querer silenciar a medios de comunicación que se atrevan a hacer críticas, a hablar de las violaciones a derechos humanos que cometen cuando participan en el combate al crimen organizado.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el priísta Armando Luna, dijo que urge garantizar la libertad de expresión y la seguridad, tanto de medios, periodistas y defensores de derechos humanos. En todos los casos se debe identificar la amenaza a los periodistas, para aplicar la ley, porque normas ya existen y se requiere ponerlas en práctica.

El diputado Virgilio Caballero sostuvo que “la decisión de la Sedena forma parte del contexto de agresión contra los periodistas. La impunidad se alimenta de las acciones del gobierno. Es increíble que la Sedena bloquee a La Jornada, como lo está haciendo”. Ningún malestar se justifica, advirtió, con una postura de censura, recalcó.

Ex director de Canal 11, el periodista y diputado de Morena recalcó que lo hecho por Sedena, al vetar informativamente a La Jornada, “es un signo ominoso que debe enfrentarse con la organización del gremio, a través de un frente común porque no podemos esperar nada bueno de la autoridad.

También el diputado Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, dijo que el impedir el acceso al reportero Aranda a un evento de la Sedena y dejar a La Jornada fuera de las pautas informativas de la dependencia, es un acto erróneo y autoritario que en tiempos tan delicados para la República, no se puede permitir. Hacemos desde mi partido, un llamado enérgico para que el presidente Enrique Peña Nieto tome cartas en el asunto y ordene a esa dependencia a garantizar la libertad de expresión.