Guadalajara, Jal.

Una larga serie de abusos, asesinatos, amenazas y desapariciones han mantenido a las comunidades indígenas jaliscienses bajo un permanente panorama de indefensión e impunidad por la indiferencia de las autoridades municipales y estatales, que no han resuelto una sola de sus denuncias.

La muerte de los hermanos wixaritari (huicholes) Agustín y Miguel Vázquez Torres, el 20 de este mes en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, es una de las más recientes pruebas del desprecio oficial a los problemas de despojo territorial e inseguridad que padecen los pueblos originarios.

Entre los agresores se encuentras bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico, empresas mineras, taladores ilegales y hasta las propias autoridades, que los han encarcelado por exigir justicia.

Los wixaritari no son los únicos. También en el sur del estado, rumbo a la costa, los indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, tienen décadas padeciendo desapariciones y asesinatos de sus líderes.

Lo mismo sucede en la ribera del lago de Chapala, en la isla de Mezcala, territorio ancestral de los indios coca, cuyos líderes incluso han sido encerrados por supuestamente invadir su propio territorio buscando que los intereses particulares no prevalezcan sobre los de la comunidad.

Las agresiones y asesinatos contra los wixaritari se acentuaron desde 2015: en agosto, cientos de indígenas llegaron a Guadalajara para presionar, con marchas y plantones, a las autoridades para que los apoyaran a evitar la violencia con los ganaderos de Huajimic, Nayarit, a quienes en diversos juicios agrarios les ganaron la posesión de unas 10 mil hectáreas invadidas.

Con su movilización pretendían evitar actos de violencia como la de abril de 2013, cuando ocho sujetos armados con rifles de alto poder irrumpieron en la casa del entonces presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Octaviano Díaz Chema.

El indígena fue maniatado junto a su familia, amenazado de muerte y su domicilio cateado, con robo de artesanías y de 40 mil pesos en efectivo destinados para el pago de brigadistas voluntarios para combatir los incendios forestales.

Tras la recuperación de las primeras 182 hectáreas en septiembre del año pasado en Nayarit, la tensión aumentó por el descontento de los ganaderos de Huajimic, despojados legalmente y sin indemnización.

En marzo pasado Ubaldo Valdez Castañeda, quien recién terminaba su periodo como secretario de bienes comunales de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños, fue detenido y encerrado en Puente de Camotlán por policías municipales y estatales de Nayarit; horas después fue liberado.

Eso fue el preámbulo para que el 22 de mayo pasado integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, que mantenían la plaza de Tuxpan de Bolaños bajo su control, asesinaran a la vista de todo el pueblo a los hermanos Vázquez Torres.

En agosto de 2014 Gaudencio Mancilla Roblada, vocero del consejo de mayores del ejido de Ayotitlán, fue detenido y encarcelado acusado de portación de arma de fuego. Denunció que cuando era trasladado fue sometido a tortura por agentes del estado.

Mancilla, premiado por organismos civiles por su defensoría de los derechos indígenas, tenía años denunciando la presencia de grupos criminales en la región, en especial para aprovechar la riqueza mineral del subsuelo. Actualmente está preso.

En octubre de 2012 otro líder nahua, el abogado Celedonio Monroy Prudencio, fue sacado de su hogar en el ejido de Ayotitlán por un grupo armado y desde entonces se desconoce su paradero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, la 67 de 2013, contra el gobierno jalisciense, por la falta de resultados para localizarlo.