l peso y la trascendencia de lo que se juega en el estado de México ha dejado en segundo plano las elecciones que el próximo domingo se realizarán, también para cambio de gobernadores, en Nayarit y Coahuila, y en Veracruz sólo en cuanto a ayuntamientos. Salvo en el caso de Nayarit, donde el resultado previsto en favor del PAN tendrá pocas repercusiones en el plano nacional, lo que suceda en Coahuila y Veracruz irá más allá de lo meramente regional.

Para efecto de estimaciones, el caso Nayarit es el más sencillo (se elegirán gobernador, presidentes municipales y diputados locales). Podría decirse que la ahora tan previsible victoria panista fue definida el 29 de marzo del presente año, cuando Édgar Veytia, fiscal general del estado, fue detenido en el puente transfronterizo Cross Border Xpress, que conecta al aeropuerto internacional de Tijuana con el de San Diego. Veytia fue acusado de conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína y metanfetaminas y distribuir mariguana, en diversas proporciones y momentos, entre enero de 2013 y febrero del año en curso.

Con ese golpe descomunal quedaron políticamente desahuciados el gobernador Roberto Sandoval Castañeda (de barrendero indocumentado en Estados Unidos a multimillonario de escándalo, gracias a una mediana carrera política local), el Partido Revolucionario Institucional y el candidato a la sucesión, Manuel Cota, quien fue líder de lo que queda del antes poderoso sector campesino del PRI. Así quedó el camino libre para Antonio Echevarría García, heredero político y económico de Antonio Echevarría Domínguez, el hombre más rico de Nayarit, quien había sido gobernador en nombre del PAN. El triunfo será del PAN, aunque va en alianza con PRD, PT y un partido local.

En Coahuila (donde se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales), el choque cerrado se da entre dos facciones que, pareciendo tan distintas y confrontadas, en esencia tienen similitudes. El control estructural de la elección parece tenerlo el grupo encabezado por los personalmente distanciados hermanos Moreira, que en esta ocasión no buscan colocar en la gubernatura a alguien con el apellido familiar (Humberto lo fue casi un sexenio; Rubén está en funciones), pero sí con el sello inequívoco de la pandilla: Miguel Ángel Riquelme, quien dejó la presidencia municipal de Torreón para ser postulado a la sucesión. Más allá de lo local, los Moreira-Riquelme tratan de mantener la densidad (con ganancias concretas) de una relación política de complicidad con Peña Nieto y el PRI nacional, en tiempos difíciles para estos.

Los coahuilenses que no deseen la continuidad de los Moreira (ha de insistirse en que el proyecto político va más allá de la seca y pasional confrontación entre los hermanos) tienen como única opción útil a la corriente calderonista local, encabezada por el compadre de los Calderón-Zavala, el también ex presidente municipal de Torreón Guillermo Anaya. La viabilidad de este candidato a gobernador está condicionada, además, por el golpeteo interno entre el grupo Calderón-Zavala y el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés (sin relación familiar con el coahuilense Guillermo), en disputa por la candidatura presidencial de 2018. Al presidente del PAN, Ricardo Anaya, no le conviene que gane Coahuila el candidato Guillermo Anaya, pues ello fortalecería a Margarita Zavala Gómez del Campo.

A pesar de esa polarización insatisfactoria para muchos coahuilenses, no pudo crecer ninguna alternativa opositora. Morena presentó a un polémico empresario taurino y minero, Armando Guadiana, una figura del folclor político regional, sin mayor viabilidad electoral, en cuyo favor declinó el virtualmente inexistente candidato del PT. Un priísta de larga historia, Javier Guerrero, con un expediente sin escándalos a su paso por cargos públicos y puestos de elección popular, renunció a su partido y se postuló como independiente, sin que esa escisión se desarrollara electoralmente lo suficiente. Ah, por el PRD va Mary Telma Guajardo, con fama de ser cercana al moreirismo.

En Veracruz, la pelea va más allá de lo inmediato y lo local. El actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, puso fin a más de 80 años de hegemonía priísta al ganar el cargo, pero no para un periodo de seis años, sino de dos, al igual que los diputados locales, a fin de empatar la siguiente elección federal con la estatal. Para sucederle en 2018 (al estilo familiar de los Moreira), Yunes Linares (quien ganó el puesto a su primo, priísta, Héctor Yunes) piensa en la continuidad del apellido. Uno de sus hijos (senador con licencia) busca la presidencia municipal del puerto de Veracruz y otro de ellos fue presidente municipal de la conurbada Boca del Río, y se habla de que papá Yunes quiere a un hijo Yunes como sucesor.

Por lo pronto, Yunes Linares reparte su tiempo entre el ataque continuo a Andrés Manuel López Obrador y la búsqueda de que la alianza PAN-PRD (con el sol azteca en el cabús) se quede con el mayor número de presidencias municipales y con las principales de ellas. A pesar de que parecería casi automático superar los pésimos índices dejados por Javier Duarte de Ochoa, lo cierto es que Yunes Linares no ha cambiado nada sustancial. En particular, la inseguridad pública sigue predominando, sin que se distingan las fronteras entre las autoridades y los grupos del crimen organizado.

Con el PRI postrado, luego del horror y el saqueo duartistas, la opción opositora está en Morena, aunque en medio de escándalos (como el de Las Choapas, con Eva Cadena) y de una sostenida lucha interna por las postulaciones y el control de las campañas y los eventuales gobiernos municipales que sean ganados. Con dos figuras centrales, Cuitláhuac García, quien fue exitoso candidato a gobernador, y Rocío Nahle, quien parece perfilarse para ser la siguiente candidata, Morena tiene en Veracruz un potencial de votos que, más allá de los resultados locales, será muy importante en los comicios presidenciales de 2018. ¡Hasta mañana!

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