ras hectolitros de bazofia derramada a lo largo y ancho de la entidad, miles y miles de millones de pesos de oscura procedencia e interminables promesas de llevar a los mexiquenses al paraíso (para, en los hechos, incumplirles todo y garantizarles el infierno), cerraron en el estado de México lo que algunos aún denominan campañas electorales, de las que el próximo 4 de junio surgirá quien se aposentará (con triunfo real o amañado) en la silla principal del palacio de gobierno de Toluca.

La (insoportable levedad de la) democracia a la mexicana, junto con sus instituciones (como el fardo del INE y sucursales estatales), se cuenta entre las más onerosas del mundo, y no sólo por el voluminoso costo económico implícito (más el que no es registrado), sino, especialmente, por la ostentosa carencia de resultados del ungido en turno, quien se compromete a dar un paso delante y en los hechos retrocede cinco a lo largo de su mandato. El fétido olor de las campañas electorales inunda la geografía mexicana, pero el caso mexiquense (laboratorio de las presidenciales de 2018) se lleva la palma, incluidos todos y cada uno de los candidatos.

En este nuevo ejercicio democrático en la primera zona de feminicidios del país se repiten viejas promesas de candidatos anteriores –todas ellas incumplidas, desde luego– y una vez más se presentan como nuevas alternativas para solucionar los cada día más graves problemas de la entidad, o lo que es lo mismo, de a cómo el voto, porque nos vale madres lo que digan.

Cómo olvidar aquella humanitaria campaña de Arturo Montiel –gobernador de la entidad entre septiembre de 1999 e igual mes de 2005, cuando le entregó los trastes a su sobrino Enrique Peña Nieto–, en el sentido de que acabaré con las ratas y la inseguridad heredadas por César Camacho –hoy en funciones de líder de los borregos tricolores en San Lázaro–, sólo para que en los hechos el crimen organizado (el otro, no el institucional) terminara de sentar sus reales en el estado.

Pero al Atlacomulco power le vale y va por más. Montiel dejó la entidad hecha un desastre (mayor al de su antecesor, quien a su vez lo dejó peor que el previo, etcétera, etcétera) y entregó la administración al sobrino Peña Nieto, a quien le dio por firmar compromisos ante notario que siempre incumplió (tal cual lo hace en Los Pinos). De allí al chapitas Eruviel Ávila, que sólo metió el acelerador en inseguridad, corrupción e impunidad, y ahora quieren el cetro para otro primo –en cualquiera de los sentidos–, cuyos parientes también se sentaron en toluqueño palacio de gobierno.

Una de las promesas repetidas hasta el vómito es la relativa al combate a la pobreza. En este sentido, los indicadores oficiales (los del Coneval) dan cuenta de los resultados de esa lucha permanente en contra de la pauperización de los mexiquenses (el balance es el mismo a escala nacional), aunque el recuento sólo permite documentar de 1990 a la fecha (bueno, casi, porque las cifras llegan a 2014; la información actualizada a 2016 se conocerá –obvio es– después de las elecciones). En ese lapso seis gobernadores aparecen involucrados, todos pertenecientes a la sagrada famiglia priísta (capicci) y adoradores del Grupo Atlacomulco. De Ignacio Pichardo Pagaza (en pleno sexenio de la solidaridad, y sólo hay que darse una vuelta por Chalco para constatar qué tan solidarios han sido) al primer cuatrienio de Eruviel Ávila. Sumen a las otras eminencias: Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Con ese dream team, decenas de miles de millones de pesos –oficialmente– se presupuestaron para tal combate, pero en los hechos el número de mexiquenses en pobreza no ha dejado de aumentar, a la par de los jugosos negocios cupulares con recursos públicos, el crimen organizado, la corrupción, la impunidad y las promesas incumplidas (con notario o sin él).

Cuando el solidario Pichardo Pagaza impulsaba la solidaridad (versión salinista), 17.8 por ciento de mexiquenses no tenía qué comer (pobreza alimentaria, la denominan) y 48.3 por ciento no tenía dónde caer muerto (pobreza patrimonial). Transcurrieron los sexenios de Chuayffet, Camacho, Montiel y Peña Nieto, y tales proporciones crecieron a 18.2 y 51.2 por ciento, respectivamente.

Con Peña Nieto en el palacio de gobierno de Toluca, los mexiquenses con ingreso inferior a la denominada línea de bienestar mínimo (en los hechos, bienestar inexistente, porque el límite oficial es extremadamente bajo) pasaron de representar 11.2 por ciento de la población estatal (al iniciar su mandato) a 15.9 por ciento (al cierre del mismo). Una barbaridad, sin duda, pero Eruviel hizo la hombrada y la incrementó a 20.1 por ciento (al cierre de 2014). Sólo con estos dos gobernadores, la citada línea se duplicó. ¿Y los miles de millones para combatir la pobreza?

Lo mismo sucedió con otro indicador del Coneval (ingreso inferior a la línea de bienestar, a secas), pues Peña Nieto arrancó con 47.9 por ciento de mexiquenses en tal condición y concluyó su sexenio en 53 por ciento, sólo para que Eruviel (al cierre de 2014) lo elevara a 59 por ciento (léase seis de cada 10 habitantes de la entidad sobreviven en tal circunstancia). En el otro extremo, sólo dos de cada 10 son reconocidos –oficialmente, y con rangos de ingreso muy disparados– como no pobres ni (socialmente) vulnerables.

Sólo en el caso de Eruviel Ávila (hasta 2014), el Coneval documenta que el número de mexiquenses en pobreza se incrementó, en números cerrados, de 6.7 millones que Peña Nieto le heredó a 8.3 millones, es decir, un aumento de 24 por ciento en un cuatrienio. Y todavía Alfredo del Mazo se anima a decir que el próximo 4 de junio el PRI, como nunca antes, estará a prueba. ¿En serio?

Con todo, a estas alturas no es posible que los ciudadanos sigan entregando cheques en blanco a cualquiera de los candidatos y a sus lucrativas empresas políticas, sea por elecciones estatales o federales. De otra suerte ni cómo ayudar al país, porque todos dan grima.

Las rebanadas del pastel

¡Milagro! ¡La Guadalupana existe!, porque de la noche (de las campañas electorales) a la mañana (de los comicios), en esta República de discursos, todo mejora, es favorable y positivo (José Antonio Meade dixit): del tipo de cambio a los fundamentos de la economía, sin olvidar competitividad, fuentes de inversión, proyectos productivos, estado de derecho y el compromiso en el combate a la corrupción. La gloria, pues.

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