En los centros de detención e internamiento del estado de Guerrero persisten graves situaciones de riesgo para perpetrar actos de tortura, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que da cuenta de la evaluación de las visitas realizadas en marzo pasado, dichos centros presentan riesgos, entre ellos condiciones de autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y situaciones de privilegio, falta de asignación presupuestaria para alimentos de los internos, precarias condiciones e instalaciones médicas, y carencia de lugares específicos para mujeres y ­adolescentes.

El organismo nacional señala que persisten 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento a cargo del gobierno del estado de Guerrero y de la Fiscalía General, donde están agencias del Ministerio Público, unidades especializadas de investigación de delitos sexuales y violencia familiar, centros regionales de reinserción social, centros para adolescentes y diversos lugares que dependen del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

El informe, uno enviado al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el otro al fiscal estatal, Ignacio Olea Peláez, especifica que de las 189 situaciones originalmente observadas en agosto de 2016, 38 ya no representan riesgo y 22 cuentan con avances encaminados a su atención, pero 129 de ellas persisten como factores de riesgo.

En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

Otros factores de riesgo que no fueron resueltos son: carencia de área específica de aseguramiento para adolescentes detenidos, falta de reglamento interno y manual de procedimientos, insuficiencia de personal y falta de capacitación al mismo, falta de área exclusiva para mujeres, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuadas condiciones de higiene, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.

En este último caso, se encontró que en el Centro de Reinserción de Chilapa, las sanciones son determinadas por el encargado de la dirección sin que se notifiquen por escrito y los internos son aislados antes de que se determine la sanción, la cual puede ser de hasta 30 días en condiciones de encierro las 24 horas del día y sin recibir atención de las áreas técnicas. Sin embargo, estas condiciones se repiten en otros sitios, reporta la CNDH.