La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que por ningún motivo aceptarán que los ciudadanos que integrarán los comités de participación de los sistemas estatales anticorrupción sean nombrados por los gobernadores o surjan como resultado del reparto de cuotas partidistas.

Destacó que para el próximo 18 de julio deberán operar en el país todas las estructuras del Sistema Nacional Anticorrupción, pero, acotó, tienen que estar al frente personas íntegras, independientes, imparciales y ajenas a cualquier conflicto de interés, que sean implacables contra todo acto relacionado con la corrupción.

El organismo patronal señaló que la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción significa un cambio en el modelo y los estándares de desempeño de los actores políticos, quienes tienen que pasar de una forma de hacer política pública cerrada, en función de intereses partidistas, a otra abierta en la que la sociedad civil es actora, parte central y no solamente ­observadora.

Destacó que para llegar a la plena operación del Sistema Nacional Anticorrupción es urgente que en un periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión apruebe el diseño de la fiscalía general de la nación y de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Asimismo, dijo, es indispensable que sean ratificados los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que fueron propuestos por el Ejecutivo; que las 13 entidades que aún no lo han hecho, aprueben la ley de su sistema local anticorrupción, y subsanar los defectos y carencias en las reformas constitucionales y en las leyes de los sistemas locales anticorrupción en los estados, para la integración del comité coordinador y de los comités de participación ciudadana.

Comisión al margen de los congresos estatales

La Coparmex propuso que los comités de participación ciudadana sean nombrados por una comisión de selección ciudadana, como se hizo en el caso federal, y no por los congresos estatales como se pretende en algunas entidades.

Señaló que es necesario ace­lerar la plataforma digital nacional, para que se conecte la información de los sistemas estatales anticorrupción, y señaló, como otro de los grandes pendientes, el marco legal para que las entidades estatales de fiscalización tengan las facultades y condiciones de autonomía conforme a la ley modelo para que puedan funcionar.

Sin estos elementos seguirá siendo difícil que los estados apliquen las normas de estandarización que dicta la ley de contabilidad gubernamental.