La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordó con familiares de víctimas trazar un plan de trabajo para cumplir una resolución judicial que obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a buscar en instalaciones militares a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), detenidos-desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

Tras una reunión con la fiscal Eréndira Cruzvillegas y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Nadin Reyes, hija de uno de los desaparecidos, señaló que la exigencia a las autoridades es que cumpla en su totalidad la resolución judicial 29/2014 del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Dicha resolución ordena la comparecencia de mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007, cuando ocurrieron las desapariciones, y verificar las exhumaciones realizadas en instalaciones castrenses con la finalidad de identificar si hay alguna coincidencia entre las personas exhumadas y los dos integrantes del EPR desaparecidos.

Además, informó que presentarán a la fiscalía una solicitud formal para que atraiga el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que esa instancia realice las diligencias que no se han cumplido.

Sandino Rivero, abogado de las víctimas, explicó que acordaron con las autoridades federales llevar a cabo una mesa de trabajo el 13 de junio con el propósito de elaborar un plan para dar cumplimiento puntual a la resolución judicial.

En mitin realizado afuera de las instalaciones de la fiscalía, en el Centro Histórico, el litigante recordó que la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en una respuesta en el juicio de amparo, señalaba cuatro líneas de investigación sobre los desaparecidos: Campo Militar número 1; que fueron detenidos por la jefatura regional de la Agencia Federal de Investigación; retención por la Policía Federal de Caminos, o por agentes de la Policía Ministerial de Oaxaca.

Otros casos presentados a la fiscalía fueron los de Teodulfo Torres Soriano, activista desaparecido en marzo de 2013, y Fidencio Gómez Sántiz, defensor de derechos indígenas desaparecido en marzo de 2015, en Chiapas; así como el del menor Humberto Morales Santiz, asesinado en Chiapas el 28 de febrero.

Antes de la reunión, unos 200 campesinos, indígenas y ciudadanos realizaron una marcha de la Secretaría de Gobernación a la fiscalía de búsqueda de personas.