Legisladores exigieron llevar ante organismos internacionales la situación de los periodistas en México y la presunta omisión de la autoridad para atender la problemática.

La Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), por las agresiones y hechos de violencia suscitados en México en años recientes.

Brenda Velázquez Valdez (PAN), presidenta de la comisión, entregó ante el ONU-DH el texto de la denuncia señalando como responsables al Estado mexicano por la omisión en su actuación para evitar agresiones a periodistas, y enfrentar la impunidad que impera en los casos de homicidios y desapariciones de periodistas en México.

En tanto, el bloque PT-Morena en el Senado exigió al presidente Peña Nieto invitar a México al Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye, a fin de hacer un diagnóstico sobre el ejercicio periodístico en el país, donde la constante ha sido el asesinato de comunicadores.

El anterior relator, Frank La Rue, ya había insistido sobre la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger a periodistas y medios de comunicación frente al clima de violencia que se vive en el país y hoy más que nunca es necesaria la visita del funcionario de la ONU, dijo el senador Zoe Robledo.

Las visitas de representantes de cualquier organismo multilateral deben ser siempre a invitación expresa del gobierno en turno.

En tanto, la comisión de seguimiento de agresiones a periodistas considera responsables de los hechos denunciados “al Presidente por violar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política; el artículo 70 de la Ley de la CNDH, y el artículo 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El documento también ubica como responsable al secretario de Gobernación por violar los mismos preceptos; además del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se responsabiliza por la violencia contra los periodistas y medios de comunicación al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión.

“Solicitamos a la ONU intervenga en el caso del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue secuestrado el 18 de mayo, en el municipio de Múgica, Michoacán, dijo la legisladora Velázquez.