Isabel Jiménez, representante del pueblo juchiteco; Lady Pech, del Colectivo Apícola de Los Chenes, Campeche, y Sara Méndez, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha, denunciaron que las consultas a los pueblos indígenas ‘‘sólo son para imponer megaproyectos trasnacionales, son amañadas, discriminatorias, hay amenazas, intimidaciones, encarcelamiento y hasta la participación de grupos armados’’.

Al participar en el Senado en el conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, Isabel Jiménez se refirió al maltrato, la discriminación, pero sobre todo los asesinatos que han provocado las consultas en su tierra, Juchitán, Oaxaca.

‘‘Ahorita, después de la consulta, se han incrementado los asesinatos contra mujeres y niños de la comunidad y todo porque quieren imponer los parques eólicos sin consulta previa informada’’.

Ella, médica tradicional zapoteca, recolecta plantas, animales y yerbas para facilitar la salud a la comunidad, ‘‘pero vemos cómo los proyectos eólicos están afectando la pesca, la siembra, la agricultura; tenemos afectaciones reales y cuando pedimos una consulta informada lo que hacen es agredirnos’’.

Sara Méndez, del Comité de Defensa Integral Gobixha, también relató que en Juchitán los proyectos eólicos se han hecho sin consulta. Más de 20 parques ya están en operación y después de la reforma energética se hicieron dos subastas más. Pero no quieren hacer consulta y la empresa eólica del sur ya entregó 65 millones de pesos al ayuntamiento para el cambio de suelo.

Las consultas que se han hecho han sido insuficientes, dice. ‘‘Ya están contaminando las lagunas por los descubrimientos de aceite y cuando pedimos información nos agreden; tenemos el registro de 21 incidentes de inseguridad contra mujeres, 26 contra hombres y seis a colectivos que participaban; hubo amenazas intimidaciones, agresiones físicas y verbales’’.

Lady Pech, del Colectivo Apícola de Campeche, también contó su historia. Aunque hay resolución de la Suprema Corte ‘‘que nos da la razón y nos dice que no se siembre soya trasgénica en la zona maya, no se hace la consulta y nos acusan de frenar el desarrollo del municipio, porque dicen que detenemos la siembra’’.

Jan Jarab, de Naciones Unidas, dijo que ‘‘la consulta debe ser de buena fe, pero aquí estamos viendo que se violan los derechos humanos de las comunidades indígenas: los amenazan, los dividen, hay gente armada que los intimida; las consultas son amañadas, eso no es consulta’’.