En el sistema de justicia penal, sigue equiparándose la discapacidad intelectual y sicosocial con la criminalidad. Los juicios de las personas con estos padecimientos no tratan de la presunción de inocencia o sobre la igualdad entre las partes, la contraposición de argumentos y la presentación de pruebas, sino que todo gira en torno de la discapacidad y cómo contenemos a esa persona, señaló Diana Sheinbaum, de la organización civil Documenta.

Indicó que a pesar de las modificaciones al nuevo sistema de justicia penal, se siguen poniendo medidas de seguridad basadas en el criterio de peligrosidad y se presentan dictámenes que determinan desde la parte médica la culpabilidad o no, cuando debería de ser una decisión judicial. Se les priva de su libertad aunque el delito que cometieron sea considerado no grave. En análisis de sentencias de enero a junio de 2016, de los que fueron tratados como inimputables, en 100 por ciento fueron sentencias condenatorias. Lo más grave es que para quienes no tienen discapacidad, seguramente el sistema hubiera encontrado otra respuesta, como una sentencia absolutoria o cumplir pena en libertad. Consideró que si se quiere alcanzar la inclusión y la igualdad, hay que estar dispuestos a aceptar que si una persona con o sin discapacidad comete un delito, el Estado tiene la obligación de ejercer una acción penal, pero también de asegurarse de que existan los ajustes y apoyos para estar en igualdad de circunstancias.