El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta capital (Infodf) ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México que desclasifique y entregue la información relacionada con la ubicación de todos los bienes inmuebles asegurados por las autoridades capitalinas a la delincuencia organizada con el procedimiento de extinción de dominio, y que hayan pasado ya a formar parte del patrimonio de la ciudad.

Este asunto fue debatido en la sesión pública del pleno el pasado miércoles, derivado de un recurso de impugnación interpuesto por este diario, luego de que la PGJ se negó a dar a conocer –vía una solicitud de información– los domicilios de los predios asegurados bajo ese esquema legal, con el argumento de que habían sido clasificado como confidenciales.

Según la PGJ, si se hacía pública la dirección de esos inmuebles y se combina un dato con otro de cualquier persona pueden identificar, voluntaria o involuntariamente, al titular.

Durante cerca de dos horas, los cinco comisionados que forman el pleno debatieron el recurso de revisión y uno de los puntos en los que coincidieron fue que la PGJ había realizado una mala clasificación de la información solicitada, pues lo hicieron con un enfoque de datos patrimoniales, lo que es erróneo.

El comisionado David Mondragón aseguró que hacer pública la ubicación de esos predios no hacía identificable al dueño del mismo, por lo que debían entregarse sin ninguna restricción esos datos; Alejandro Torres se sumó a las críticas al subrayar que por un lado la PGJ emite comunicados de prensa en los que cita los domicilios de los inmuebles asegurados, y por otro lado clasifica ese mismo dato como confidencial.

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández y Elsa Bibiana Peralta consideraron que si bien deberían darse a conocer las ubicaciones de todos los predios asegurados mediante ese esquema, debería ser sólo de los que ya causaron estado, es decir, que ya no tienen juicios pendientes o instancia judiciales por resolver.

De acuerdo con la resolución del Infodf, se dará un plazo de 10 días a la PGJ para que cite a su Comité de Transparencia y desclasifique la información relacionada con los domicilios de los inmuebles confiscados vía extinción de dominio, y los que ya concluyeron, se entreguen al solicitante, mientras que los que estén pendientes sean catalogados como datos reservados y no confidenciales.