a guerra de las cifras llegó en Coahuila al destino previsto, es decir, la imposición del priísta Miguel Ángel Riquelme, y en el estado de México avanzaba la confirmación de cifras oficiales a favor de Alfredo del Mazo Maza, con algunos ajustes a la baja pero, en general, con la tendencia creada para favorecer al primo del ocupante de Los Pinos.

La presunta victoria de Riquelme está sujeta a negociaciones con el panismo asentado en la Ciudad de México, donde se habla de la posibilidad de que los comicios norteños sean anulados y se convoque a nuevas elecciones, siempre y cuando el PAN se abstenga de apoyar, más allá de lo declarativo, a Morena en el tema del estado de México y se tenga el voto de blanco y azul, sin más regateos, en favor de la Ley de Seguridad Interior.

En el caso mexiquense ha sido inocultable la pesada condición determinante del gobierno federal para imponer al candidato oficial y familiar, Del Mazo. Cual si hubiesen vuelto los tiempos del cacique violento y cínico Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí: 1897-1978), el priísmo moderno de Enrique Peña Nieto puso en juego recursos públicos, las fuerzas policiacas y la mapachería más atrevida para denegar el triunfo a la única candidatura realmente opositora, la de la profesora Delfina Gómez.

Sin embargo, los numeritos electorales han entrado a una fase de agotamiento que es preciso analizar. Así como el país ingresó a una etapa de normalización de la violencia bárbara, sobre todo en lo relacionado con el crimen organizado, y así como las probadas denuncias de corrupción política y gubernamental suelen causar cada vez menos asombro e irritación, así se han ido diluyendo tanto la capacidad social de indignación como la predisposición política y social al combate de esos fraudes.

Sujetos a una repetición cíclica, caracterizados por fases sabidas y cumplidas, determinados en su resolución final por arreglos entre cúpulas ajenas a los intereses sociales más legítimos, los procesos electorales se han transformado en numeritos de temporada, que pueden concitar desilusión, enojo e incluso ira en ciertos segmentos sociales, sin que se tenga, finalmente, más expectativa que la observación de los previstos rituales de la protesta poselectoral, casi siempre inocua, y los preparativos para la siguiente puesta en cartelera.

En Coahuila, como en el estado de México, abundaron los señalamientos, hechos a través de las redes sociales, de presuntas o reales pruebas de adulteración de cifras en los programas de resultados preliminares y en el manejo específico de actas de votación en determinadas mesas receptoras. La complicada consignación, en actas, de los datos provenientes de candidaturas apoyadas por varios partidos, y las fórmulas de procesamiento adoptadas por las autoridades electorales, llevaron a varios analistas aficionados a proclamar distorsiones graves que, sin embargo, no fueron convalidadas en los órganos electorales correspondientes. Ha de anotarse, incluso, que algunos de esos súbitos analistas luego reconocieron sus errores de procedimiento.

Pero la atención pública y la capacidad de reacción social no están sujetas a los numeritos, oficiales o extraoficiales. Para muchos mexicanos está absolutamente claro que hubo fraude en las elecciones de Coahuila y del estado de México, y lo importante, en esta ocasión, no es la demostración documental de esas trapacerías, que finalmente serán negadas por los órganos electorales y votadas favorablemente para que se conviertan en declaratoria de victoria legal para candidatos fuertemente impugnados.

Lo importante, más allá de los numeritos, está en el tipo de reacción que se tenga ante atracos monumentales como el del estado de México. Aceptar, aunque sea entre protestas dosificadas y declaraciones airadas, el golpe dado en la entidad mexiquense, equivaldría a disminuir de manera sensible la esperanza popular de que en 2018 se pueda vencer al aparato gubernamental priísta, abiertamente desatado en esta ocasión y dispuesto a repetir las maniobras, aumentadas en lo que sea necesario, para cerrar el paso a Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Es lamentable que la suerte electoral del estado de México deba estar atada a las perspectivas de López Obrador como virtual candidato en 2018, pero tal es la realidad política. ¿Qué hará López Obrador para que el estado de México no se convierta en el anuncio anticipado de su inviabilidad práctica en 2018? ¿Movilizarse y realizar protestas a la altura del agravio, o sobrellevar el mal tiempo, con desahogos controlados, para conservar la esperanza de que el año entrante sí se permita un juego electoral limpio, de resultados aceptables?

Astillas:

La comisión de justicia del PRI es lenta, pero segura: termina castigando a algunos de sus peores elementos (aunque es muy dura la competencia para determinar tal peoría), con una contundencia ejemplar, unanimidad en las votaciones y solemnidad en las declaraciones, pero sólo cuando ya son judicialmente insalvables: así ha sucedido con Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo que ayer, oh, sí, fue expulsado del Revolucionario Institucional… Margarita Zavala ha desmentido de manera enérgica a Margarita Zavala: ésta había dado un mes para que el PAN designara candidata presidencial, pero la primera negó que tal ultimátum constituyera un ultimátum; la Zavala de antier dijo considerar la posibilidad de no acompañar al PAN si éste seguía desvirtuando sus principios, pero la Zavala de ayer negó tal amenaza y puntualizó que seguirá en el PAN, pues qué más quisieran algunos que verla fuera de este partido. Se está en espera de próximas rectificaciones y desmentidos de Zavala a Zavala… Aun cuando Rosario Robles fue la estratega general del reparto asistencial en el estado de México para fines electorales, el principal ejecutor fue el compadre Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, quien ayer declaró que el populismo es un desafío para la democracia, y exhortó a los mexicanos a trabajar, en lugar de esperarse a recibir... ¡Hasta el próximo lunes!

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