La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 20/2017, dirigida al titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, por la detención arbitraria y la retención ilegal de dos personas que fueron víctimas de tortura y violencia sexual por elementos de dicha corporación en San Luis Potosí.

En un comunicado, la CNDH indicó que una de las víctimas es un hombre que fue detenido el 9 de mayo de 2013 por elementos navales, quienes lo llevaron a un cuartel militar donde lo golpearon, lo desnudaron y le dieron descargas eléctricas en las costillas, los testículos y el labio inferior, mientras lo interrogaban.

La segunda víctima es una mujer que el 10 de mayo de ese mismo año fue detenida por marinos en su propia casa. De acuerdo con su relato, los uniformados llegaron en ropa de camuflaje y uno de ellos la empezó a golpear en la cabeza.

Posteriormente, fue trasladada a instalaciones de la Semar, donde le bajaron los pantalones y la ropa interior para darle descargas eléctricas en los genitales, el ombligo, la entrepierna, los pies y la boca, además de golpearla con el puño en el estómago.

Finalmente, ambos fueron trasladados a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, donde fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Al investigar el caso, la CNDH logró acreditar que la actuación de los marinos vulneró los derechos a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal y jurídica de ambos agraviados, por la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual.

Por lo anterior, el organismo público le recomendó al titular de Semar que repare el daño a los agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, incluso con atención médica y sicológica, además de que colabore en la investigación de lo ocurrido y se determine la responsabilidad de los uniformados que participaron en los hechos.

Además, deberá impartir cursos de capacitación a sus servidores públicos sobre prevención y erradicación de la tortura; elaborar un protocolo para que sus agentes graben en video y audio todos sus operativos, e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas.