os indígenas zoques del norte de Chiapas resisten ante el extractivismo que los amenaza y hace parte de una larga cadena de megaproyectos devastadores, lo que ha provocado desplazamientos forzados en las últimas décadas. No es casual que se convoquen zoques de diversas entidades en defensa de su territorio, o de lo que de él queda.

Las comunidades zoques de nueve municipios de Chiapas se han organizado para la defensa del territorio, ante el proceso de licitación de la Secretaría de Energía (Sener), que data de agosto de 2016, sobre 84 mil 500 hectáreas, que conforman un corredor petrolero de 12 pozos. La semana pasada, alrededor de 6 mil pobladores de los municipios zoques de Rayón, Mezcalapa, Francisco León, Tecpatán, Chiapilla, Ixtacomitán, San Fernando, Chicoasén, Copainalá, Solosuchiapa e Ixtapangajoya realizaron una marcha-peregrinación hacia Tuxtla Gutiérrez, en rechazo a la explotación de hidrocarburos en el estado. La protesta, fue organizada por el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra. Horas antes, la Sener anunció la ampliación del plazo de “la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas relacionadas con las áreas contractuales 10 y 11 de la segunda convocatoria de la ronda dos, ubicadas en la Cuenca del Sureste, en Chiapas, cuyos derechos e intereses deben ser tomados en cuenta, de conformidad con la normatividad establecida en la reforma energética” (boletín de prensa 51, 21/6/17).

Nótese que omiten la fuente constitucional e internacional del derecho de los pueblos indígenas. Pero el boletín oficial muestra su reduccionismo al señalar que: “El procedimiento de consulta tiene como objetivo establecer un diálogo intercultural entre el gobierno de la República, a través de la Sener, con las comunidades indígenas zoques y tzotziles ubicadas en las áreas contractuales contempladas en la ronda 2.2. Dicho proceso consiste, entre otras cosas, en informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación, a través del cual podrán ser adjudicados contratos de licencias para explorar y extraer hidrocarburos; así como alcanzar acuerdos y en su caso, obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades”. Tal es la síntesis de la mirada del Estado y de sus prácticas: se realizan reuniones de trabajo y asambleas en comunidades indígenas de la región norte de Chiapas.

En las actas de su web oficial se observa la punta del iceberg de un problema ciertamente grave, como es la participación de algunas autoridades ejidales de los municipios potencialmente afectados. No sabemos si fueron mandatados para ello, si realizaron asambleas al respecto, con un padrón de ejidatarios validado, si se les ha pedido cuentas jurídicas y políticas y por ello fueron desconocidos.

Tampoco aparece la manifestación de impacto ambiental, mucho menos social. Algo de todo ello habrá de precisarse. No es la primera experiencia de la dependencia que opera las supuestas consultas, y no en todas ha salido bien librada. Observemos el caso de Juchitán y las centrales eólicas, donde apresuraron un consentimiento a modo y aún no logran iniciar la operación del proyecto, gracias a la muy eficaz movilización y estrategia jurídica de los opositores a las mismas. Por ello concluyen en su esclarecedor boletín: “Derivado del contexto social, político y económico, la Sener ha determinado ampliar el plazo para el diálogo en el que se deben desarrollar los procesos de consulta; por ello, independientemente del calendario de la ronda 2.2, se ha decidido prolongar el proceso de consulta…, la Sener ha solicitado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) excluir las áreas contractuales 10 y 11 de la versión final de las bases de licitación de la ronda 2.2, para efecto de salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades indígenas”. Para hacer tal cosa, deberían suspender de manera definitiva la licitación sobre territorios indígenas, lo cual no está, por supuesto, en su horizonte, pues concluyen: Al respecto, es importante señalar que las áreas contractuales 10 y 11, previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse en futuras convocatorias para el desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Ganar tiempo es el nombre del juego, pero también para las comunidades: deslindar responsabilidades en la participación de autoridades ejidales en la referida consulta Sener, seguir la pista a los llamados apoyos gubernamentales en la zona, aparte de la denuncia y la movilización con el respaldo expresado del Congreso Nacional Indígena, delinear la ruta jurídica, que es sólo apoyo, pero necesario. En suma: hacer realidad su demanda de territorio libre de proyectos extractivos: hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas. De todo ello tienen evidencias del despojo que ya han sufrido.