esde el arribo de los neoliberales a Los Pinos, la política en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex)y del sector como tal (con la privatización siempre) fue concebida como una suerte de asesinato industrial para acabar a la principal paraestatal mexicana. No pudieron hacerlo en una sola acción, inmediata y contundente, porque políticamente el costo que les suponía era elevadísimo, de tal suerte que los hicieron –valga el término– en abonos o, si se prefiere, en capítulos sexenales.

Y finalmente lo lograron, aderezado ello con una corrupción de novela de terror: invirtieron 35 años (desde la reclasificación de la petroquímica en tiempos de Miguel de la Madrid hasta la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que no privatizará un solo tornillo, sin olvidar el proceder de los demás gerentes de Los Pinos) y a estas alturas –desmembrada, desmantelada y explosiva, porque todo truena o le revienta– la ahora empresa productiva del Estado sobrevive milagrosamente.

En esas tres décadas y pico de gobierno neoliberal (con seis caretas), por la oficina principal de Pemex pasaron 10 directores generales (ahora todos ellos, prácticamente, metidos en el negocio privado del oro negro) con la orden presidencial, y la voluntad personal, de asesinar al monopolio petrolero del Estado mexicano y democratizar (al estilo de la banca que opera en el país) a la industria, para que los amigos de los amigos –comisión de por medio– tuvieran una creciente participación, pero ya no como proveedores, prestadores de servicios o contratistas (jugosos contratos de por medio), sino como amos y señores de este sector estratégico.

Voluntariosos, de Mario Ramón Beteta, con Miguel de la Madrid, a Emilio Lozoya Austin, con Peña Nieto, todos los directores de Pemex cumplieron el encargo presidencial hasta no dejar piedra sobre piedra. Actualmente despacha el director general número 11 de la temporada, José Antonio González Anaya, a quien oficialmente le encargaron revivir al muerto, y este eficiente funcionario –especializado en rescates financieros, como en el caso del IMSS, pero no en milagros guadalupanos, como el de la ex paraestatal– en poco más de un año ha mejorado sustancialmente el perfil de las finanzas de la empresa, pero el cadáver allí está.

Pemex cada día produce menos, cede mayor terreno, concesiona más, y un día sí y el siguiente también le explotan los fierros viejos por doquier, porque a ninguno de sus eficientes directores se le ocurrió invertir, fortalecer y modernizar –sin comillas– en las áreas en las que urgía hacerlo para mantener a Pemex a la vanguardia. Dejaron que todo envejeciera, caducara y reventara, porque lo mejor, decían, era concesionar, ceder, entregar, encargar, habilitar, compartir, dejarse acompañar –etcétera, etcétera– al y con el capital privado.

Todos los directores fueron eficientes a la hora de desmantelar y llevar a la práctica su capítulo en el asesinato industrial de Pemex. Todos se llevaron su rebanada, pero Emilio Lozoya fue el Terminator. Arrasó y en apenas tres años y tres meses de estancia en la oficina principal de la torre de Marina Nacional logró retirar los frágiles alfileres de los que medianamente se sostenía la ex paraestatal. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de aterrizar el jugoso negocio de los Mouriño –armado en tiempos de Calderón– con los astilleros gallegos ni perdió la oportunidad de saquear un poco más a Pemex, para beneficiar a empresarios salinistas como Alonso Ancira, a quien, a precio de oro, le compró un montón de fierros viejos que en su momento (allá por 1993) adquirió del gobierno a precio de regalo, si es que algún día lo pagó.

Todo, decía el junior de la política (que trae a la venenosa mosca de Odebrecht dándole vueltas, pero cuenta con la protección de Los Pinos para que no le haga daño), para relanzar la industria mexicana de fertilizantes, es decir, la misma que dos décadas y pico atrás el gobierno salinista clasificó de no estratégica y, por lo mismo, desmanteló Fertimex para entregársela a… Alonso Ancira. Y como esa, decenas más.

En abril de 2016 reventó una parte del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. El área siniestrada era propiedad de la empresa Mexichem, consorcio privado que se la compró a Pemex en condiciones absolutamente desfavorables para la ex paraestatal y en una transacción que involucró a dos gobiernos (Calderón y Peña Nieto, con Juan José Suárez Coppel –el del operativo Repsol– y Emilio Lozoya, respectivamente, en la dirección general de Pemex). Su dueño, Antonio del Valle, un banquero de oscuro pasado y peor presente que fue rescatado por el Fobaproa. Tras la compra, lo primero que hizo este personaje fue despedir a más de la mitad del personal especializado para aumentar su margen de ganancias.

Días atrás, en Salina Cruz, Oaxaca, ocurrió una explosión en la refinería Antonio Dovalí Jaime, la más joven del sistema nacional de refinación (cuenta con seis plantas), que data de 1979. Esa es la niña de 38 años, porque desde entonces el gobierno mexicano no ha invertido un peso en la construcción de una nueva refinería, porque –según dice– no es negocio. Eso asegura, pero en los últimos 35 años del erario nacional y los bolsillos de los consumidores han salido cientos de miles de millones de dólares para importar gasolinas y diésel, de tal suerte que queda claro que para el país no es negocio, pero sí, y de qué tamaño, para el otro lado.

Pero bueno, tras el siniestro de la refinería de Salina Cruz y todo ya bajo control, Pemex anunció que adicionalmente importará 3 millones 500 mil barriles de gasolina para garantizar el adecuado y oportuno suministro de combustibles.

Y dirá que la culpable fue la inundación y/o la explosión, pero el hecho es que las cifras de la ex paraestatal caen sostenidamente. Muestra de ello es que en lo que va del gobierno peñanietista (con una reforma energética que movería a México), la producción de gasolinas ha declinado 23 por ciento, 35 por ciento la de diésel, 25 por ciento la de crudo, en la misma proporción la exportación en general y 35 por ciento la destinada al mercado estadunidense, y así por el estilo.

Las rebanadas del pastel

Grábese en letras de oro la sabia reflexión de Roberto Campa, subsecretario de Gobernación: No es el peor momento para los periodistas en México… Lástima que Salvador Adame, junto con otros 37 colegas, no coincidan con la brillantez del funcionario, porque ya no pueden hablar: fueron asesinados durante el gobierno de Peña Nieto.

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