Acreditados del Instituto de Vivienda (Invi) para un proyecto en predios fusionados de la calle Cañitas, en la colonia Popotla, acusaron a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, de obstaculizar con acciones y omisiones el inicio de la edificación para 53 departamentos que comenzaron a gestionar hace 15 años.

Guadalupe Ramírez Carrillo, representante de las familias beneficiarias, explicó que el principal obstáculo, una vez que disponen de todos los permisos y autorizaciones requeridos, es la oposición de vecinos de la zona que incluso han obstruido los accesos al predio.

Refirió que el 6 de julio lograron ingresar para iniciar el desbroce del terreno, pero se suscitó un conato de enfrentamiento en el que debieron intervenir granaderos, y a propuesta del gobierno delegacional accedieron a parar los trabajos para permitir la intermediación de Gálvez con la comunidad e incluso llegaron a algunos acuerdos con ella, pero ahora se dice rebasada y que la delegación deja de intervenir.

La delegada desconoce acuerdos

En conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con el diputado de Morena Juan Jesús Briones Monzón, Gustavo Moreno, encargado del proyecto, agregó que de forma deliberada el gobierno delegacional no entregó las minutas de las reuniones y los acuerdos y acciones que se acordaron en conjunto, como los dictámenes de los biólogos contratados por la delegación que confirmaron que el desbroce de 24 árboles es factible dado que se trata de ejemplares enfermos.

Refirió que para realizar dicha tala se cuenta con las autorizaciones y el pago del daño ambiental reforestando en el lugar que indique la delegación.

Otro acuerdo de la delegada, y que tampoco pueden documentar, fue que ofreció proponer a un notario para dar fe del estado físico de las construcciones colindantes por posibles afectaciones, como establece la Ley de Obras para cualquier construcción nueva, y ante el rechazo de los vecinos a que haga dicha revisión.

Ante ello, hicieron un llamado al gobierno central a aplicar medidas y garantizar su derecho a una vivienda digna.