Como resultado de las reformas en materia de fiscalización, este viernes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará a la Cámara de Diputados un primer informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2016, el que se estima contenga el reporte de las primeras 500 auditorías correspondientes al año pasado, de las mil 859 que conforman la revisión total. De acuerdo al programa, mil 318 de ellas corresponden al ejercicio del gasto de estados y municipios.

Derivado también de los cambios en la legislación, los alcances en la revisión del manejo financiero de los estados para 2016 irá más allá de las partidas contempladas dentro del gasto federalizado, para incorporar ahora la revisión del ejercicio de las participaciones federales en las entidades.

Se trata de una modificación especialmente significativa porque comprenderá –según estimaciones de la propia ASF– hasta 90 por ciento del total de recursos ejercidos, en función de los ingresos propios de cada entidad federativa.

La situación es particularmente especial por tratarse de la cuenta pública en la que concluyeron sus polémicas gestiones dos gobernadores que actualmente se encuentran detenidos en espera de sus procesos de extradición: Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, así como el actualmente prófugo de la justicia César Duarte.

De acuerdo con la programación de auditorías que tiene considerada la ASF para este año, en el caso del gobierno de Veracruz se tienen contempladas 46, para Quintana Roo 43 y 49 de Chihuahua. En estos casos, además de las diversas revisiones al gasto de programas federalizados (salud, educación, seguridad, etcétera), hay otras relacionadas directamente con las participaciones federales que reciben y la distribución que los municipios realizan de esos recursos.

Según la ASF, no hubo un criterio específico de selección de cuáles serían los resultados de las auditorías contempladas en este primer reporte; habrá un segundo en octubre y el informe final a la Cámara de Diputados, a entregarse en febrero de 2018.

En el programa están en curso 13 auditorías llamadas forenses, que consisten en la revisión y el análisis pormenorizado de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización para la detección o investigación de un presunto ilícito, y documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes.

Destaca que más de la mitad (7) corresponden a presuntos ilícitos cometidos por universidades públicas en el estado de México, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Zacatecas.

Por lo pronto, aun cuando de la revisión de la Cuenta Pública de 2015 prácticamente están a la espera de las acciones legales correspondientes, pues hasta ahora solamente se ha promovido una denuncia penal correspondiente a ese año –contra el gobierno de Morelos–, la ASF ya acumula 789 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.