Morelia, Mich.

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se negaron a iniciar de inmediato la búsqueda de un joven de 19 años, quien desapareció la noche del sábado pasado y fue localizado muerto el lunes.

La organización Familiares Caminando por Justicia informó que, según el reporte oficial, Jesús Rafael González Betancio, trabajador de una tienda de productos veterinarios, se suicidó, pero cuando su hermano acudió a identificarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) observó que había sido golpeado.

El 24 de junio González Betancio acudió a una fiesta a casa de una amiga en la colonia Isaac Arriaga, en Morelia, y se retiró cuando todavía no oscurecía.

Lo vieron por última vez en la glorieta de la salida a Charo, donde tomaría el transporte público hacia la colonia La Aldea. Según su familia, no regresó y lo llamaron a su teléfono celular, pero no contestó.

Su hermano Silvano se presentó en las oficinas de la PGJE aproximadamente a las 23:30 horas; sin embargo, quienes lo atendieron le dijeron: Es muy pronto para hacer la denuncia. De seguro por ahí anda el güey, luego lo buscamos. ¿No ves que estamos ocupados?

Al siguiente día (domingo) Silvano acudió de nuevo a la procuraduría, donde le recibieron la denuncia con el folio NUC 1003201724839 y le dijeron que el caso sería atendido por Augusto E. de la O. Pérez, pero llegaría el 28 de junio. Mientras, no se realizó diligencia alguna.

El lunes por la tarde Silvano González recibió una llamada del Semefo para solicitarle que acudiera a identificar los restos de quien al parecer era su hermano. En la morgue, corroboró que era Jesús Rafael, y que su cuerpo presentaba lesiones y golpes. Los médicos legistas le dijeron que se había suicidado con una corbata y que lo habían encontrado en los baños del corporativo Citelis, cerca de la plaza Las Américas.

Según los familiares, la PGJE rechaza que se haya tratado de un homicidio. Por ello, demandaron una investigación clara, lógica, inmediata y exhaustiva, que se identifique a los responsables y se apliquen sanciones.

Condenaron la indolencia de los servidores públicos; llamaron a los medios de comunicación a no creer en las mentiras de las autoridades y exigieron a éstas cumplir con su obligación de investigar con apego a la ley y los derechos humanos.