Las políticas públicas y de procuración de justicia para el combate a la trata de personas en México tienen fallas y omisiones que convierten a esta lucha en una ‘‘simulación’’, concluyó la comisión senatorial encargada de dar seguimiento al tema.

En el proceso de análisis, el grupo halló inconsistencias en los recursos aplicados y reportados por los tres niveles de gobierno; ineficiencia en cuanto a consignación y sentencias de presuntos responsables; endeble o nula desarticulación operativa y financiera de bandas de trata de personas, y una inexistente reparación del daño a víctimas, por mencionar algunos puntos. Esta situación representa un riesgo ‘‘que podría repetir patrones como los lamentables casos de Casitas del Sur y La Gran Familia (Mamá Rosa), de los cuales tampoco existen datos de los avances en la procuración de justicia y atención a víctimas.

Por ejemplo, de 39 sentencias acreditadas, 22 son condenatorias y de ésas sólo 15 se aplicaron con base en la ley general vigente, pero sólo en dos se castiga específicamente la explotación laboral, al tiempo que se buscan elementos para que los implicados puedan salir de la cárcel en un tiempo breve.

El informe evaluado reporta sentencias en el país de 2009 a 2015; tres cuartas partes de los casos se concentra en la Ciudad de México, Edomex y Chiapas.

En el caso del estado de México, se indica en el reporte de la comisión contra la trata de personas, las indagatorias se realizan con base en una ley de desarrollo económico. Es decir, la persecución se hace mediante una ley administrativa en establecimientos en donde haya mujeres desnudas y semidesnudas (table dance) y no con base en normas de carácter penal.

En Chiapas, agrega la comisión senatorial, se detectó a mujeres que estaban acusadas injustamente, con el fin de aumentar las sentencias y reportarlas como estadísticas contra el delito de trata.

En el informe hay cinco distintas cifras de número de víctimas de trata. Una de éstas, en el fuero común, se refiere la existencia de mil 267 víctimas, pero de 258 ‘‘se desconoce su edad; de 153 no se sabe su género, y de 641 no se identificó la nacionalidad’’.

El tema ‘‘no puede seguir como rehén de la clase política sólo para legitimar las deficiencias con cambios cosméticos tanto en el instrumento legislativo como en la aplicación de la política pública’’, advirtió Adriana Dávila Fernández, presidenta de la comisión senatorial en referencia.

Falta reconocer fallas

El informe se basa en el reporte que, a su vez, le fue entregado en enero pasado por parte de la ‘‘comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos’’, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

La senadora Dávila, del Partido Acción Nacional, dijo en entrevista posterior a la exposición del documento de evaluación, que su obligación como legisladora federal es advertir que el país ‘‘no puede seguir simulando que estamos haciendo bien las cosas’’.