El nuevo recorte de empleados públicos para 2018 que anunció ayer la Secretaría de Hacienda es la continuación del programa de cancelación masiva de plazas que ha llevado a cabo el gobierno federal en los dos años anteriores, periodo en el que se han despedido 11 mil 256 servidores públicos de diversas dependencias.

Un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puntualiza que tan sólo en 2016 el gobierno federal canceló 10 mil 777 plazas y en el total, entre 2015 y el año pasado despidió a 11 mil 256 trabajadores del sector público.

Revela que la dependencia más afectada por los recortes de empleados es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual despidió a 2 mil 593 trabajadores de diversas áreas, tan sólo durante el año pasado.

En la Secretaría de Agricultura, otras 2 mil 48 plaza fueron canceladas; en la Medio Ambiente y Recursos Naturales se despidió a mil 863 empleados, también en 2016. Mientras, en la propia SHCP se envió a la calle a otros mil 194 servidores públicos.

Del mismo modo, en la Secretaria del Trabajo, 718 personas fueron desempleadas; en Economía 584 trabajadores fueron recortados y en Desarrollo Social salieron 347 servidores públicos en 2015 y 172 el año pasado.

También causaron baja 177 personas de Tribunales Agrarios; 310 de la Función Pública; 168 de la Secretaría de Turismo y más de 190 de la de Energía, entre otras.

La gran mayoría de los trabajadores, es decir, casi 7 mil de los 11 mil 250 plazas que se recortaron, eran empleados de enlace y operativos; asimismo, casi 2 mil 200 jefes de departamento; más de 500 subdirectores de área y 400 directores de área.

Según la información de la SHCP se entregaron las compensaciones económicas por la terminación de las relaciones laborales contempladas en el programa de separación laboral. Indica que incluso en la Presidencia de la República fueron despedidos 70 funcionarios el año pasado.

Indica que para el ejercicio fiscal 2016 se acordó que los ejecutores de gasto se abstendrán de realizar contrataciones de personal eventual y contratos de servicios profesionales por honorarios para funciones no sustantivas.

En el documento no se hace referencia a los trabajadores que han sido despedidos de empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; ni de organismos descentralizados.