En México hay una gran brecha entre lo que dicen las leyes que regulan la actividad de las compañías mineras y de hidrocarburos, y lo que éstas hacen en la realidad, afirmó el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés).

Dicha práctica, advirtió el organismo internacional, abre una rendija a acciones negativas, como corrupción, ocultamiento de los verdaderos dueños de las empresas y falta de transparencia en sus actividades. Asimismo, alertó sobre la falta de avance del país en temas como distribución de la riqueza que generan sus minas y yacimientos de petróleo y gas.

Durante la presentación de los resultados de su informe 2017, el NRGI explicó que en sus evaluaciones analiza tres aspectos fundamentales: extracción de los recursos naturales, gestión de los ingresos públicos derivados de esa actividad y condiciones generales de gobernabilidad de los países que incluye anualmente en sus conteos.

En lo que se refiere a México, su sector minero recibió calificación promedio de 60 puntos, en una escala de 100 –lo cual se considera satisfactorio–, y quedó clasificado en el lugar 19 de 89 naciones evaluadas.

Sin embargo, entre los elementos que bajan la calificación de esa actividad figuran su débil gestión de los ingresos provenientes de dicho recurso, sobre todo en materia de distribución subnacional de los mismos, y la insuficiente recolección de impuestos a las empresas que tienen concesiones, detalla el informe.

Bajo pago de impuestos

El pago de impuestos de las mineras significa menos de uno por ciento del producto interno bruto. Asimismo, el informe subraya que la brecha entre la calidad del marco jurídico y su aplicación es alta (22 puntos), además de que no hay medidas suficientes de transparencia y la gobernanza de los recursos naturales del país sigue estando amenazada por el crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos.

Al sector de petróleo y gas de México, el estudio le otorgó una calificación promedio de 61 puntos de 100, sobre todo por su gestión en temas como extracción de los recursos, existencia de datos abiertos sobre los mismos y cobro de impuestos.

Sin embargo, hay diversos subcomponentes en los que el país obtiene una calificación débil o deficiente, como el proceso de otorgamiento de licencias, control de la corrupción y distribución subnacional de los ingresos por la venta de esos recursos naturales.