Guadalajara, Jal.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que la cortina de la presa El Zapotillo, cuya construcción fue detenida por acciones legales cuando llegó a 80 metros de altura, aumentará a 105 metros, lo que implica inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en la región de los Altos.

Entre gritos de opositores al proyecto, anunció que en una reunión con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno de Guanajuato pugnará por que se respete la cuota de agua de 76 por ciento para Jalisco y el resto para la ciudad de León.

Con base en un estudio sobre la cuenca del río Verde que el gobierno jalisciense encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), el cual costó 90 millones de pesos, el caudal no será el proyectado, de 8.3 metros cúbicos por segundo, sino de 7.5, por lo que el agua a repartir entre Jalisco y Guanajuato será menos.

Que me señale la historia, pero por ser precursor de los servicios para nuestra gente, nuestras presentes y futuras generaciones. Vamos con determinación y firmeza, cerró el gobernador su discurso a toda prisa, entre gritos y pancartas de habitantes de las comunidades amenazadas con desaparecer y de activistas que rechazan la presa.

Arturo Gleason, especialista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que el estudio tiene fallas desde el título (Proyecto Jalisco Sostenible en la cuenca del río Verde) y sólo busca justificar cinco escenarios para la presa El Zapotillo y no analizar alternativas de abasto de agua.

Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, recordó que una cosa es el anuncio del gobernador y otra lo que sucederá, pues ya existen tres suspensiones definitivas contra la presa y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la cortina no sobrepase 80 metros de altura.

María González Valencia, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, calificó de burla que se pagaran 90 millones de pesos a la Unops para que el gobernador dijera lo mismo que en 2014, cuando, basado en un estudio de la Conagua, señaló que era inviable una presa de 80 metros y que en ese caso también serían inundadas las tres comunidades alteñas.

Gabriel Espinoza, ex párroco que forma parte del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se paró en un pasillo entre los invitados (legisladores, el rector de la Universidad de Guadalajara y funcionarios de todos niveles) cuando el gobernador llegaba al final de su discurso.

¡No queremos reubicación, no queremos reubicación!, gritó con una cartulina que intentó usar de escudo ante la llegada de policías vestidos de civil. Su grito hizo eco entre los demás pobladores invitados al acto en el palacio de gobierno, quienes ocultaron sus pancartas.

¡Por favor déjenlo expresarse, que se manifieste!, dijo Sandoval mientras Espinoza intentaba llegar al estrado.

–Soy Gabriel Espinoza –respondió el activista residente de Temacapulín, mientras intentaba escurrirse entre los guardias.

–Usted y yo, de frente, hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías –respondió el gobernador.

Pero no lo escuchó. Al menos no cuando terminó el acto, a pesar de que en su discurso dijo que, antes de inundar, se reubicará o indemnizará a los pobladores “‘respetando su cultura y sus derechos humanos”.