Las políticas dirigidas a los derechos de la infancia no se enfocan a las necesidades de ese sector. Esto afecta sobremanera a niñas, niños y adolescentes en México, que enfrentan violencia sexual, explotación y maltrato, entre otras violaciones a sus derechos básicos, señalaron los participantes en el foro de análisis Los derechos de la infancia y la adolescencia en México: la Agenda 2030.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, aseveró que las políticas para la niñez padecen ‘‘adultocentrismo’’, por lo que llamó a que todos los actos relacionados con garantías fundamentales también se atiendan desde la perspectiva de la infancia.

Entre otras muchas violaciones a los derechos humanos de los menores, en México hay una alta incidencia de violencia sexual en su contra, y los esfuerzos del Estado ‘‘son insuficientes para identificar y proteger a niñas, niños y adolescentes’’.

Jarab indicó que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen una dimensión importante de la niñez, a la que se debe empoderar, así como impulsar ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el acceso a la justicia.

Algunos de los principales retos para México son: atender la desaparición de personas, que incluye a menores de edad; la situación de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil; el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales de niños en extrema pobreza, quienes padecen exclusión social y marginación.

También mencionó el contexto de los pueblos indígenas, a los cuales se requiere atenderlos desde la educación en su lengua originaria hasta la prevención del matrimonio infantil; en el tema de migrantes hay que priorizar los derechos de los menores de edad en esa condición –acompañados o no–, brindar protección a los adolescentes de la diversidad sexual y población LGBTI, y en torno a las personas con discapacidad hay que darles soluciones inclusivas desde la infancia.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó a sociedad y autoridades a no cerrar los ojos o pretender que no existen la explotación, violencia y maltrato infantil y de adolescentes. ‘‘No podemos permanecer indiferentes ante situaciones que niegan su dignidad y cancelan sus posibilidades de acceder a un desarrollo armónico y pleno’’.

Acceso efectivo a la justicia

El ombudsman destacó que los problemas y retos que presenta el respeto y vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes van desde lograr que sean considerados sujetos plenos de derecho y no sólo objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y medios para que tengan acceso efectivo a la justicia y hagan valer sus derechos, lo que reclama la acción conjunta y articulada de autoridades y sociedad.

Por su parte, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló la importancia de analizar los avances de la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de trabajar en su implementación para resolver las cuestiones estructurales que generan violaciones a derechos humanos, especialmente a ese sector de la población en situación de extrema vulnerabilidad.