El Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) sostuvo que asumir la atención en más de 38 mil personas con sentencias por delitos penales por medio de 22 jueces de ejecución, de las cuales unas 26 mil están en prisión y 12 mil en libertad, es un reto que no sólo requiere de estrategia y planeación, sino de presupuesto.

Al participar en el foro Retos y perspectivas del sistema penal acusatorio, organizado por la Asamblea Legislativa, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, en representación del presidente del Tribunal, Álvaro Pérez, dijo que se requieren al menos 178 jueces en esa materia e infraestructura.

Expuso que desde la implementación del sistema ha disminuido en forma constante el número de personas en prisión, pero no porque hayan salido, sino por las que han dejado de ingresar, ya que se han reducido considerablemente los casos que llegan a juzgados penales, y los jueces de oralidad han puesto en libertad a mayor número de personas, a diferencia de lo que ocurría con el sistema tradicional, en alrededor de 15 por ciento, al privilegiar el precepto de presunción de inocencia.